La expulsión de legisladores y los hechos que terminaron impunes

Por Mario Midón

Abogado constitucionalista 

La inconducta en la que incurrió el diputado Ameri, el consiguiente pedido de exclusión de la Cámara de Diputados hecha por el presidente del cuerpo y su ulterior renuncia para escapar a la sanción, traen a la memoria la nómina de casos registrados en el Congreso.

A propósito de ello, la determinación de excluir a un legislador de la rama legislativa de la que forma parte, es la más grave sanción que el Congreso puede imponer a uno de sus miembros, manifestándose en la expulsión del representante, quien como consecuencia de tal determinación deja de pertenecer al órgano representativo.

La historia política argentina recuerda que la primera aplicación de la medida se adoptó respecto del diputado Pedro Ferré, representante de Corrientes en la sala baja. Ferré se había retirado de las sesiones en disconformidad con el criterio de la mayoría, a raíz de la discusión suscitada por la libre navegabilidad de los ríos y el Congreso juzgó que esa actitud era agraviante, decidiendo excluirlo de su seno. 

En 1862, los diputados Eusebio Ocampo y Buenaventura Sarmiento fueron excluidos por haber participado de un movimiento revolucionario producido en las provincias de Cuyo contra el gobierno nacional. 

En 1874, la cámara de Diputados expulsó a los miembros Juan Andrés Gelly y Obes y Francisco de Elizalde, quienes faltaron durante dos meses a las sesiones como mecanismo para impugnar la legitimidad de la Cámara.

Cuando los sucesos de 1880, las cámaras del Congreso y el poder Ejecutivo se instalaron en Belgrano. Pero Diputados no podía sesionar por falta de quórum, ya que los integrantes de ese cuerpo que apoyaron el traslado de la Capital no alcanzaban el número suficiente para adoptar decisiones válidas. En ese estado de cosas, la minoría dispuso la expulsión de la mayoría. Fue sin duda una medida inconstitucional, considerado con criterio estrictamente jurídico; pero mirado desde otro punto de vista, justificaba un autor, puede decirse que contribuyó en gran parte a salvar las dificultades que se oponían al cumplimiento de un alto designio patriótico, cual era la federalización de la ciudad de Buenos Aires.

En 1925 la Cámara baja excluyó a los diputados Luis Olmedo Cortez y José Nuñez. En esa ocasión el segundo de los nombrados presentó su dimisión, pero el cuerpo aplazó el tratamiento de ella y finalmente dispuso respecto de ambos la extrema medida que autoriza la constitución. Se les atribuyó haber obtenido, ilícitamente, dinero de un banco mendocino.

En 1940 la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados, previo análisis del presupuesto para 1938, concluyó que el diputado José Guillermo Bertotto, miembro de la Comisión de Presupuesto se benefició con parte de la ganancia ilícita obtenida por Néstor Luis Casás en la venta de terrenos de El Palomar al Gobierno nacional. La particularidad que revistió esta sanción quedó reflejada en el hecho de que fue la única en el historial de diputados que mereció unanimidad de los asistentes a la sesión.

La intolerancia política vivida a fines de los 40 y parte de la década de los 50’ del pasado siglo convirtió en víctimas de tal decisión a los diputados Ernesto Sanmartino, Agustín Rodríguez Araya, Roberto Carena y Atilio E. Cattáneo. 

En 1992, en un episodio muy sonado, la Cámara de Diputados de la Nación expulsó al diputado Luque, juzgando que las declaraciones por él formuladas a un medio de prensa eran indignas de su condición de legislador. 

El hecho estuvo encuadrado en las investigaciones realizadas por la justicia  de la provincia de Catamarca, quien imputó a un hijo de dicho legislador su participación en el crimen que terminó con la vida de la joven María Soledad Morales. A raíz de tal episodio Luque declaró a un medio escrito que “si él hubiera matado a esta pobre criatura, que en paz descanse, yo le juro que ese cadáver, si lo hubiera matado mi hijo, no apareciera nunca más. Si vos sos el asesino y viene y te pegan te callas la boca, mordés los dientes y no decís nada. Es mejor que te peguen a estar preso. Pero si te ponen la picana cantas enseguida. Patti tenía razón. Pero el juez se asustó”. 

En el curso del 2002, también en la Cámara baja, se dispuso la exclusión de la diputada Hilda Norma Ancarani de Godoy. 

La decisión adoptada por la rama legislativa tuvo que ver con la amenaza que la citada legisladora formuló a dos periodistas integrantes del programa “Puntodoc/2” de América Noticias que le realizaron una entrevista con cámara oculta, y a quienes la legisladora les espetó “ustedes dijeron cada cosa, flaco, que habría que agarrar una Itaka y cagarlos a balazos porque no se merecían otra cosa. Y si tenés un grabador grabalo porque no se merecen otra cosa, porque son unos hijos de puta”.

El uso de la potestad no siempre fue lineal en el ámbito del Congreso, registrándose bochornosos acontecimientos protagonizados por legisladores que terminaron impunes.

Así, el Senado no consideró causal de expulsión  a  los penosos hechos sucedidos en la provincia de Catamarca que dieron lugar a la suspensión de los comicios para gobernador de ese distrito. Esos acontecimientos, que incluyeron disturbios y el incendio de una urna electoral, se habían imputado al senador Luis Barrionuevo. No obstante, el escándalo público que suscitaron las imágenes que recogían los medios de comunicación social, el impacto simbólico que tuvo el hecho de observar cómo se quemaba una urna y las opiniones de algunos legisladores de su propio partido, Barrionuevo conservó su banca.

Otra demostración de que los requerimientos de expulsión no siempre prosperan, aún frente a la producción de hechos gravísimos y debidamente comprobados, fluye de la iniciativa promovida por el entonces diputado nacional Antonia María Hernández (h), cuando en mayo de 1993 solicitó la exclusión de su par Manuel Julio Samid en el caso del “diputrucho”. Si bien en la Cámara se demostró la responsabilidad del acusado, en cuanto hizo sentar en la banca a quien no era legislador, posibilitando quórum fraudulento, la mayoría del cuerpo se negó a tratar un proyecto de expulsión.