El proceso de designación de quien vaya a reemplazar a Elena Highton de Nolasco en la Corte Suprema de Justicia de la Nación será muy revelador. Pondrá en evidencia si el presidente y los senadores están o no a la altura de sus indeclinables responsabilidades. Una sociedad harta de ejemplos de burda militancia sin pergaminos demanda una Justicia independiente, con un perfil de magistrados dignos que no respondan a ninguna facción.
Volver a pensar en aumentar el número de jueces de la Corte en esta instancia, con el fin de usar las nuevas vacantes como prenda de trueque partidario, sería pretender subordinar, una vez más, la salud de la república a las apetencias políticas de los funcionarios de turno. Como ciudadanos, debemos exigir el respeto por las normas constitucionales para que cada gobierno acepte convivir con un tribunal en cuya composición no haya incidido sustancialmente. Incrementar la cantidad de jueces y, por ende, la estructura del tribunal solo serviría para que sus integrantes se crearan recíprocamente más trabajo, alargando aún más los tiempos de resolución de las causas.
En cuanto al perfil de quien ocupará la vacante, hay consenso respecto de la conveniencia de que sea una mujer, aun cuando no se trate de un requisito constitucional.
Hay muchas abogadas argentinas que cuentan con antecedentes compatibles con las altísimas exigencias de la función, plausibles de ser consideradas criteriosas custodias de la Constitución, por encima de facciosas y oportunas conveniencias.
Viene a la mente la figura de la doctora Carmen Argibay Molina, fallecida en 2014, jurista reconocida y respetada local e internacionalmente. De profundas e inclaudicables convicciones democráticas, un ejemplo de magistrada justa, independiente, coherente y transparente en palabras de sus propias colegas, modelo del perfil que debería tener quien resultare convocada para tan honrosa como excelsa función.
La persona elegida deberá reunir condiciones no negociables, como una sólida formación jurídica; independencia de los poderes político, económico y sindical, y una trayectoria éticamente irreprochable. La tarea que le espera es enorme y de tiempo completo, y a eso deberá también comprometerse.
Cualquiera sea la persona que postule el Poder Ejecutivo, es imprescindible que se someta a un muy exigente escrutinio público. La Constitución prevé que la Cámara alta brinde su acuerdo, pero, lamentablemente, los senadores no suelen cumplir con este deber, cuyas importancia y trascendencia los ciudadanos no debiéramos permitir que pasaran por alto.
El mecanismo de consultas públicas sobre los antecedentes de los candidatos a juez, previo al envío de sus pliegos al Senado, que introdujo el presidente Néstor Kirchner a instancias de su entonces ministro de Justicia Gustavo Beliz, está vigente, pero solo será de utilidad si el poder político toma seriamente en cuenta las observaciones o los pedidos de explicación que reciben de ciudadanos e instituciones de la sociedad civil.
No considerarlas, además de poco respetuoso, volvería la participación ciudadana absolutamente inútil.
Solo cuando existe independencia judicial los magistrados pueden ejercer el control de constitucionalidad y legalidad de los actos de gobierno, su función más importante en una democracia.
Como república estamos ante una nueva e invalorable oportunidad de afianzar las bases para el correcto funcionamiento de una instancia clave para que se dé la sana división de poderes que, lamentablemente, hasta hoy se halla totalmente desvirtuada.
