Tan voraz como inútil

Hay oposición o temor en buena parte de la sociedad. Hablar de reducir gastos es políticamente incorrecto. Por eso, el eje del debate sobre la crisis se traslada a la forma en que el déficit se financia. Con deuda, con impuestos o con inflación. Pero del gasto no se habla.

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, político astuto, sostuvo que todos los gobiernos anteriores, incluyendo el de Mauricio Macri, habían sido responsables del actual endeudamiento de la Argentina. Dio en la tecla, pero omitió un detalle. Lo que tuvieron de parecidos fue que confiaron en un ilusorio crecimiento que permitiría licuar, en términos relativos, la dimensión del gasto estatal. En aquel momento, fue “gradualismo”. Ahora se lo llama “secretismo”. Por lo menos, así lo expresó Alberto Fernández, cuando sostuvo que la palabra “ajuste” fue desterrada de las conversaciones con el FMI, ya que “nuestro secreto es crecer”.

En el Senado de la Nación se pagan 5.000 sueldos y 5.600 en la Cámara de Diputados, incluyendo los 2.100 que alberga la inexpugnable imprenta y la biblioteca del Congreso. Las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires tienen legislaturas con 1.203 representantes. Se desconoce la cantidad de empleados, asesores y prebendas que rodean a esos ya numerosos cargos legislativos, más las jubilaciones de privilegio. Todo esto sin contar los concejos deliberantes en los 2.300 municipios del país.

¿Quién no tiene un docente en la familia? Hay un millón de docentes: una mayoría laboriosa mancillada por expertos en ausentismo, pues la tercera parte está cubierta por suplentes para cubrir licencias obtenidas con certificados médicos dudosos o con acomodos políticos. ¿Quién no ama el cine nacional? Los 600 empleados del instituto del cine (Incaa) se llevan la mitad de los ingresos. Poco queda para el cine. ¿Quién no está orgulloso de la ciencia argentina? Pero muchas veces, por presión política, se costean becas para investigaciones que carecen de simetría con la capacidad de pagarlas. Docentes, cineastas y científicos, epítomes de la inteligencia nacional, también rehenes del poder, apologistas del gasto y detractores del ajuste.

Las empresas estatales tienen sistemas de contratación poco transparentes que alimentan un universo de proveedores poco partidarios de reducir gastos. Como muestra, habría que preguntarle a Mauricio Filiberti, abastecedor de cloro a la deficitaria Aysa, dueño de un yate de 64 metros en el Mediterráneo.

Como él, aunque sin el yate, muchas empresas privadas, estudios contables, firmas consultoras, bufetes de abogados, agencias de publicidad, compañías de seguros, de transporte y contratistas varios dependen de organismos estatales para facturar ingresos. Rehenes del poder, beneficiarios del gasto.

¿Quién se atreve a tocar las tarifas de energía para reducir los subsidios y mejorar el servicio? Sensible a los reclamos de clubes de barrio, comedores populares y escuelas parroquiales, hasta varios conspicuos diputados se opusieron a los aumentos en 2018, cuando fueron la principal medida de Macri para reducir el déficit público. Cuatro años más tarde, la situación es peor, pero los 15 millones de usuarios de Edesur y Edenor son rehenes del subsidio a las tarifas y parecieran que muchos prefieren los cortes a mejorar su realidad.

En 2015, el 40% de las personas recibía algún tipo de subsidio social, hasta aumentar al 50% por la pandemia. No hay dudas de que la implementación de 140 planes sociales diferentes ha funcionado como red de contención ante el desamparo y la vulnerabilidad extremas. Pero también han sido formas de capturar como rehenes a los más necesitados. Piqueteros y “planeros” ocupan la primera fila en la gesta por el gasto, aliados contra cualquier programa de estabilización.

¿Esa es la “estrategia secreta” para crecer? ¿Mantener millones de empleados públicos en todo el país? ¿Continuar dilapidando recursos para subsidiar la energía? ¿Expandir los planes sociales para paliar la pobreza que la inflación provoca? Esas políticas activas no impulsan el crecimiento, sino la fuga de capitales y de cerebros, el aumento de precios, la desaparición de la moneda, la pauperización de la Argentina. No hay que engañarse. La pantomima de enfrentarse con el FMI no tiene por objeto salvaguardar el bienestar de los argentinos, sino evitar un plan económico y mantener el gasto desenfrenado, para que la población continúe siendo rehén del poder kirchnerista, aunque la Nación colapse.