Manuel Aguirre
Especial para El Litoral
El próximo 1 de febrero se está convocando a una marcha requiriendo la renuncia de los miembros de la Suprema Corte de Justicia, respaldada por el viceministro de Justicia y vista con simpatía, por lo menos, por el presidente de la Nación. Hay en esto una cuestión que queremos hacer visible.
En una democracia los ciudadanos eligen a sus representantes por medio del voto bajo la premisa igualitaria y universal de un ciudadano un voto. Surgen allí representantes que tienen asignados misiones y funciones visualizada por nuestra Constitución nacional, máximo pacto entre los ciudadanos y sus representantes. Las expusieron en su campaña electoral al hacer sus propuestas que luego son asignadas mediante el voto. Así cada representante tiene cabal conocimiento de por qué fue elegido y cuáles intereses deben defender. Tienen deberes claros que fueron votados.
El presidente Fernández, en un recordado reportaje de Cadena Tres Córdoba, insistió en que no venía a reformar la Justicia ni tenía interés en remover a sus miembros. Pero aun cuando se pueda argüir como válido el cambio de paradigma, él fue votado con deberes y poderes.
Puede remitir al Congreso un pedido de juicio político a los miembros de la Corte, siempre y cuando consiga los dos tercios de votos, conforme a nuestra carta magna, el juicio comenzará, se dará derecho de defensa a los acusados y luego el Senado dictará sentencia definitiva. Ese es el camino constitucional.
Para no asumir su deber constitucional, se busca en cambio convocar al pueblo, a los representados, disfrazándose de ellos. Ante una pregunta directa de una periodista de Página 12 sobre por qué no tomaba el camino del 2003 el juicio político, el presidente Fernández dijo textualmente: “Las leyes, los decretos y las sentencias son susceptibles de debate público”. Grave error de una persona que dice ser profesor.
No es que la frase sea incorrecta en el marco del debate ciudadano sobre la marcha del Estado, pero sí lo es dicha por una persona elegida para llevar a cabo las propuestas que expuso en campaña. La frase dicha por quien tiene una competencia específica es un disfraz. El representante se disfraza de representado y se convierte en comentarista de la realidad. El señor presidente fue electo para llevar a cabo cierto programa, o al menos intentarlo. Ya es representante y no puede pretender ser representado.
La marcha ciudadana convocada para el 1 de febrero próximo es una nueva impostura donde quienes fueron electos por el pueblo para conducir el país se vestirán de ciudadanos buscando simpatías que creen mayoritarias. Y van incorporándose nuevos actores disfrazados de ciudadanos indignados.
Dicen ser representados por este gobierno que se disfraza también de representado. Bajo estos argumentos pretende salvar de la justicia a la patrona, autores, coautores y cómplices de delitos más aberrantes, con desvío de fondos que están sacando lo que corresponde a la salud, a la educación, a las obras públicas, a la justicia, etc.
El martes de carnaval parece adelantarse este año.
* Diputado nacional UCR, Corrientes.
