El Gobierno reestructuró organismos de protección de la niñez y adolescencia

El Gobierno provincial realizó una reestructuración de los organismos a cargo de ejecutar y fiscalizar las políticas de promoción y protección de la niñez y adolescencia, y dispuso el traslado de esta función desde el Ministerio de Desarrollo Social al Ministerio de Justicia. Así, los nuevos órganos competentes en la materia son la “Dirección de Protección de la Niñez y Adolescencia”, la “Coordinación Interministerial” y el “Departamento de Fiscalización”.

La medida la tomó el Poder Ejecutivo a través del Decreto Nº 1.015, publicado en el Boletín Oficial. 

Según se fundamenta, Corrientes adhirió a distintos postulados nacionales e internacionales que tienen por objeto la prevención, promoción y protección integral de los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en el territorio de la provincia, sumados a distintas normativas provinciales.

Por ello, se considera de fundamental importancia como resultado de ejecución de políticas públicas la creación de órganos administrativos que tengan por finalidad inmediata la protección integral y defensa de tales derechos, para lo cual tiene especial relevancia la coordinación y articulación con distintos organismos involucrados en dicha materia.

La decisión, si bien ello no está fundamentada en el decreto, se toma tras una serie de casos que involucraron a instituciones de cuidados de menores de la provincia, que expusieron falencias estructurales en los organismos encargados de la protección de ese sector vulnerable.

De acuerdo con lo señalado en el Decreto, resulta imprescindible e inminente establecer los órganos administrativos dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos encargados de ejecutar las políticas de protección y defensa de tales derechos.

De esta forma, el Poder Ejecutivo dispuso transferir al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la política relacionada con la niñez y adolescencia que hasta ahora dependía del Ministerio de Desarrollo Social.

Específicamente, se establece que los órganos administrativos de protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes son la “Dirección de Protección de la Niñez y Adolescencia” como órgano ejecutivo, la “Coordinación Interministerial” como órgano de articulación ministerial, y el “Departamento de Fiscalización” como órgano de control, los que funcionan en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Así, dentro del Ministerio de Justicia se crean las tres áreas mencionadas.

La Dirección de Protección de la Niñez y Adolescencia es la máxima autoridad provincial administrativa de protección y defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Es el órgano de ejecución encargado de garantizar el principio de efectividad de la leyes de protección de los derechos mencionados, especialmente en casos de riesgo o vulnerabilidad, abuso físico o mental, abandono, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, adiciones, protección a los derechos a la identidad, intimidad, imagen, alimentación, educación y formación integral.

Está integrada por un Departamento de Asistencia Social, un Departamento de Asistencia Legal, un Departamento de Asistencia Psicológica y un Departamento de Coordinación de Centros.

En el caso del “Departamento de Fiscalización”, tiene como funciones y responsabilidades disponer la habilitación de las instituciones públicas y privadas abocadas a la atención de las problemáticas de los niños, niñas y adolescentes, y/o cancelar la autorización y/o prohibir su actividad.

Además, es su rol establecer un protocolo con los requisitos y trámites para la habilitación de instituciones de conformidad con los Principios relativos a las instituciones de promoción y protección de los derechos humanos, y de conformidad con la normativa vigente (CDN, Ley N° 26.061, 5.773).

También supervisar las actividades de las instituciones públicas y privadas abocadas a la atención de las problemáticas de los niños, niñas y adolescentes, para que se ajusten a los principios y modalidades establecidos en la normativa que rige la materia, disponiendo las medidas que resulten pertinentes a sus efectos.