Este martes iniciaron en el juzgado federal de San Isidro, a cargo de Lino Mirabelli, las indagatorias sobre los imputados en el caso de la fiesta de Olivos que, a diferencia de Alberto Fernández y Fabiola Yañez, decidieron no cerrar la causa con una oferta económica. Se los acusa de haber violado el decreto que prohibía todo tipo de reuniones sociales. Después de leerle toda la prueba en su contra, la amiga de la primera dama, Rocío Fernández Peruilh se negó a declarar.
Mientras, el Presidente y su pareja aguardan que el juez Mirabelli firme sus respectivos sobreseimientos después de haber llegado con la fiscalía a un acuerdo de reparación integral, homologado posteriormente por el magistrado.
Con el pago de tres millones de pesos al Instituto Malbrán, después de pedir un préstamos bancario, Alberto Fernández está a punto de cerrar la única causa penal que pesa sobre él. Se lo había imputado por violación al DNU de la cuarentena —que él mismo firmó— y por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Ahora solo resta que la Cámara de Apelaciones de San Martín se pronuncie sobre una serie de planteos que se opusieron al cierre del expediente a través del acuerdo económico, algo contemplado en el Código Procesal Penal.
Esa realidad es la contracara de lo que este martes ocurrió en el juzgado de San Isidro, donde comenzaron las indagatorias de cuatro amigas de Fabiola Yañez que participaron de la misma fiesta, pero que no se plegaron a la estrategia de la reparación integral. Vale señalar, el abogado Mauricio D’Alessandro es el representante de una de las cuatro invitadas que serán indagadas, Stefanía Domínguez.
(JML)
