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/Ellitoral.com.ar/ Sociedad

Alquileres: 57,45 % de aumento para julio y respaldo local a la modificación de la ley

La Cámara Inmobiliaria de Corrientes llevó reclamos al Congreso de la Nación en abril y hoy apoya las iniciativas que reducen la carga impositiva al sector de los propietarios. 

La Cámara Inmobiliaria de Corrientes manifestó su respaldo a las modificaciones que se pretenden en la Ley de Alquileres en el Congreso de la Nación. Además, informó que en julio los contratos que deban ejecutar la actualización anual tendrán un aumento del 57,45 %.

Desde que se aprobó la Ley de Alquileres, distintos representantes del mercado inmobiliario señalaron que la normativa es la causante de los problemas habitacionales que afectan a más de ocho millones de personas que alquilan en el país.

Corrientes ha participado activamente del debate.

La cámara local llevó al Congreso sus demandas y necesidades durante el mes de abril y varias de ellas fueron escuchadas por los legisladores.

Marcelo López Ortiz, presidente de la entidad, manifestó que el sector propietario respalda las iniciativas que la oposición propone para rescribir una ley que hoy, 30 de junio, cumple dos años de sancionada.

Modificaciones

Antes de la sanción de esta norma, el plazo mínimo para un contrato de alquiler era de dos años y actualmente es de tres.

Además, a partir de la vigencia de esta ley los contratos deben ser declarados por el locador ante la Administración Federal de Ingresos Públicos de la Nación (Afip).

Una de las propuestas dispone el regreso a los dos años de plazo, siendo el principal factor de preocupación la dificultad de establecer previsiones económicas que lleven seguridad a las partes.

Así lo explicó López Ortiz en diálogo con Radio Unne, y precisó que “la crisis inflacionaria genera incertidumbre”. Son estos los mismos factores que llevaron a reclamar por una sola actualización de contratos por año.

Según la ley vigente, los ajustes deben efectuarse en base a un índice conformado por las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor y el índice salarial. 

Desde entonces, el Banco Central de la República Argentina publica todos los días dicha fórmula, llamada Índice de Contratos de Locación. López Ortiz señaló que durante junio esta cifra fue del 55,97 % para los contratos que se debían renovar en junio, mientras que para julio el número escaló al 57,45 %.

“Respaldamos la propuesta de la oposición de poder realizar al menos actualizaciones semestrales o de libre acuerdo entre las partes”.

El referente reclamó que “el mercado de alquileres es el único sector de la economía que tiene congelados los precios a un año”.

Por otra parte, destacó que tanto el oficialismo como la oposición hayan acordado realizar incentivos impositivos para que los propietarios inviertan y no retiren las viviendas del mercado, mejorando así la oferta.

“Los incentivos fiscales son algo en lo que coinciden ambos frentes políticos. Es importante que quienes inviertan en las economías locales cuenten con este apoyo”.

Otras voces

El sector correntino de los inquilinos también estuvo participando en las comisiones de debate para la modificación de la ley en el mes de abril.

Vanesa Falcón, miembro de la Red de Derechos Humanos, fue quien llevó los reclamos locales al Congreso.

“El acceso al techo digno es un derecho humano universal, sin embargo somos conscientes de que en nuestro país, en las últimas décadas, ese derecho ha sido relegado, mientras que de forma paralela la vivienda se fue convirtiendo en una mercancía”, había expresado.

“Tanto en Corrientes como en otras provincias, por los sueldos bajísimos con los que se cuenta, alquilar significa destinar entre el 50 y 60 por ciento del salario a garantizar un techo digno”, advirtió.

“Hablo en representación de todas las inquilinas del país que son amas de casa y trabajadoras que anhelan más que nada contar con una vivienda en la que puedan permanecer como mínimo tres años para garantizarles un techo digno a sus hijos”, remarcó.

Alertó a los funcionarios que “debido a los aumentos de precios desmedidos, las familias buscan alquilar inmuebles acordes a sus salarios, lo que en muchos casos las empuja a tener que alquilar algo más chico, teniendo que vivir en condiciones precarias y hasta de hacinamiento”.

(IRB) 

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