El Gobierno sigue sin dar muestras de comprender la brutal incidencia del déficit fiscal y su consecuencia, la inflación, así como sus derivaciones en términos de falta de inversiones, mientras el país se destruye paso a paso. Parecen vivir en otro mundo y, por lo tanto, resulta difícil que entiendan lo inadmisible de las extraordinarias exacciones sobre las actividades agropecuarias.
Tanto aquellos como el presidente Alberto Fernández han hablado, en un momento u otro, de desacoplar los precios internos de los internacionales y de obtener dólares por retenciones. No han explicado si es para atesorar el fruto del trabajo y del compromiso con el país de capitales generalmente argentinos, o para seguir dilapidando dólares como lo han hecho hasta ahora de manera harto alarmante.
Tiempo atrás, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (Fada) contestó al primer punto en medio de una polémica sobre el aumento del precio del pan. ¿Desacoplar qué?, se preguntó la entidad, si la harina, proveniente del trigo participa solo del 13 % del costo del pan.
Era un ejemplo elocuente del error culposo de las autoridades gubernamentales, ya que a esta altura funcionarios serios y responsables deberían poder fundamentar mejor sus discursos y decisiones.
Si quieren hablar de desacoplamientos, tendrían que comenzar por preguntarse por qué la inflación de las potencias centrales orilla el 8 % anual como consecuencia de gastos extraordinarios por el covid y la invasión de Ucrania por Rusia, y por qué en la Argentina estará a fines de diciembre por encima del 80 %, triste promesa de un récord mundial.
La aplicación de retenciones ha sido la vía por la cual los kirchneristas han pretendido aguar parte del manejo calamitoso que han hecho de la economía. Nada les alcanza, ni nada les alcanzará para cubrir los agujeros en todo lo que administran. Solo saben dilapidar recursos como si esto no tuviera costo para quienes pagan compulsivamente la fiesta irresponsable de tanto espíritu disoluto y, en definitiva, para el interés general de los argentinos.
La flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, no tiene u inicio bienaventurado, luego de mostrarse amiga de las regulaciones y los cepos como los que terminaron explotando después con el “Rodrigazo”.
Arrancó la ministra con la nefasta intrepidez de anunciar con tono festivo que continuará la política económica en vigor. Difícil saber cómo hará para alinearse con una política inexistente, carente desde los comienzos, en diciembre de 2019, de un programa mínimo, de un rumbo previsible más allá del plan acordado, y poco cumplido, con el Fondo Monetario Internacional para pagar las deudas con él contraídas.
Cuando en 2020 se subieron dos puntos a las retenciones sobre la soja, que ahora son del 33 % de su valor, la ministra de Economía afirmó que eso serviría para evitar la sojización extrema de los suelos, en lo cual tenía alguna razón. Se olvidó de decir que sobre los principales sucedáneos de la soja, como las gramíneas —el maíz, el trigo y el sorgo—, ya pesaban y pesan gabelas también excesivas. El jueves por la noche, por la televisión dijo que no aumentarán las retenciones. Eso tiene el valor relativo de sus antecedentes, de lo que han dicho con insistencia el Presidente y la vicepresidenta y del riesgo de que se apliquen al campo exacciones por “ganancias inesperadas” por la guerra. ¿De qué ganancias inesperadas hablan, si no computan las alzas descomunales que ha habido en todos los insumos y tareas agrícolas, aparte del serrucho interminable este año de las commodities agrícolas?
Es urgente demandar al Gobierno más prudencia y menos audacia para considerar a la actividad agropecuaria como lo que realmente es: motor de la economía y alimento de las arcas públicas.
