Mientras la Argentina vivía otro enorme momento de zozobra política, con un Presidente acosado por la vicepresidenta, un ministro de Economía renunciante y un largo derrotero para encontrarle sucesor, en el Boletín Oficial se publicaban varios llamados a concurso para seguir ampliando la ya elenfantiásica planta de empleados públicos.
Es más, para la misma época en la que Silvina Batakis hablaba públicamente de mantener el equilibrio fiscal y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el BO daba a conocer numerosos llamados a concurso para cubrir, entre otros, 606 cargos en el Ministerio de Desarrollo Social, 173 en el de Turismo, 497 en la Secretaría de Empleo Público de la Jefatura de Gabinete, 87 en el Conicet y 381 puestos en la cartera de Economía, convocatoria esta última que había sido habilitada por el propio Guzmán pocos días antes de renunciar. Habrá que ver si, después de la conferencia de la flamante ministra, en la cual anunció un congelamiento de la incorporación de trabajadores al Estado, las medidas publicadas siguen en pie o no.
La explicación oficial es que esos llamados a concurso se inscriben dentro de un plan de “regularización” del empleo público. Es decir, en su mayoría se trataría de empleados contratados por varios años, que ahora el Estado quiere regularizar pasándolos a planta permanente. Aplica la alegoría de “cazar dentro del zoológico”, pues los concursos son para los mismos agentes públicos que el Estado venía contratando. La consecuencia tan directa como preocupante de esas incorporaciones a la planta estatal es que vuelven a liberarse los contratos de marras y esos puestos supuestamente “precarios” podrán ser vueltos a ocupar. Se trata de un círculo vicioso alimentado constantemente por la presión sindical que ejercen la Unión de Personal Civil de la Nación (Ucpn) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
Fuera de la figura del concurso existen otras maneras en las que el Estado ha venido sumando empleos públicos. Por caso, el BO también informó en los últimos tiempos que la liberación de sendas partidas presupuestarias derivó en 200 cargos más para Fabricaciones Militares y 1622 para la Casa de Moneda.
A eso hay que agregar otro tipo de resoluciones, como la que comentábamos en estas columnas recientemente, que no hacen más que desnudar esa realidad paralela: la decisión del Banco Central de la República Argentina (Bcra) de reimplantar el irritante privilegio que determina que, ante la muerte de un empleado, pueda ingresar a trabajar en su lugar el cónyuge o pareja conviviente o un hijo del fallecido.
En aquella oportunidad, como ahora, se justificó la medida echando mano del recurso de la fragilidad de las personas (haber estado bajo contrato en el primero de los casos y la de ser deudo en el segundo). Lo que no parecen apreciar los funcionarios públicos es que se trata del mismo profundo vacío por el que pasan y subsisten muchísimas otras personas del ámbito estatal y del privado que, en idéntica situación, luchan para salir adelante sin comprometer dineros de todos los contribuyentes.
El gasto público significa hoy el 42 % del PBI, cuando en 2005 era solo del 25 %. El mayor incremento tuvo lugar durante la gestión presidencial de Cristina Kirchner, quien hoy alienta, además, a quienes proponen irresponsablemente en el Congreso un salario básico universal con un costo estimado para las arcas estatales de más de 800.000 millones de pesos anuales. Es imposible no imaginar cuántos más nombramientos de personal se promoverán de aquí hasta el final del mandato de Alberto Fernández, previendo una nueva derrota de la coalición gobernante en las próximas elecciones.
Cuando el BO oficial revela claramente lo que los funcionarios, lejos de anunciar a voz en cuello, prefieren muchas veces ocultar, la reflexión final de la columna del domingo último del periodista Joaquín Morales Solá resume con contundencia el sentimiento de muchísimos argentinos cansados de la manipulación y del esfuerzo vano: “En algún momento, el Estado deberá hacer un sacrificio”.
