El Gobierno y la oposición cruzaron acusaciones sobre el uso del espionaje para fines ilegales o criminales a partir de la denuncia sobre la supuesta conformación de una “mesa militar” dentro de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
El contrapunto comenzó el 12 de diciembre, cuando los diputados opositores Cristian Ritondo y Miguel Angel Bazze, y los senadores Ignacio Torres, Daniel Kroneberger y Alfredo Cornejo presentaron un pedido de informes al presidente Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, Leopoldo Moreau. Ese pedido de informes llegó a la AFI nueve días después y se concentró en la posible existencia de “situaciones de inteligencia ilegal” dentro del organismo protagonizadas por un grupo de militares liderados por el teniente retirado César Milani, exjefe del Ejército, y otros.
Según ese pedido de informes, los legisladores tendrían indicios de que Milani, Granitto y otros se abocarían a “la obtención y análisis de información respecto de militares en actividad y/o retirados”, entre otros objetivos. Por eso, le reclamaron al titular de la AFI que detalle “qué operaciones se han ejecutado, las que se encuentran en ejecución y las que se planifican en adelante”. Desde la oposición también le consultaron si esa supuesta “mesa militar” contaba con un presupuesto asignado o si servía de “enlace” con las empresas de telefonía para “obtener datos sobre clientes de dichas empresas”. En otras palabras, acceder a los registros de llamadas y mensajes de WhatsApp, entre otras opciones.
Rossi negó todas las acusaciones en la respuesta que envió a la Comisión el primer día hábil posterior a Navidad. Replicó que no existe área alguna o “mesa militar” en la AFI que se aboque a buscar y analizar información sobre militares y que no trabajan allí Milani ni Granitto. Ni como contratados ni en planta permanente ni como personal de gabinete.
(EN)
