La Junta Electoral Nacional de Corrientes convocó a una reunión de última hora este viernes por la presentación nacional de La Libertad Avanza sobre un posible fraude electoral. Fue una especie de careo en el que se evacuó cada una de las dudas y quedó de manifiesto que ninguna de las observaciones planteadas repercutían en el proceso electoral. Todo está listo para las elecciones de mañana.
La presidenta de la Junta, la jueza federal Selva Spessot, el juez federal Juan Carlos Vallejos, el secretario electoral Juan José Ferreira y el jefe del Comando Electoral Aldo Ferreira solicitaron al representante de Javier Milei en Corrientes, Lisandro Almirón, que exponga sobre la presentación de los apoderados de su fuerza, que a nivel nacional pusieron en tela de juicio “la transparencia del proceso, alertaron sobre urnas falsas” y apuntaron al comando electoral.
Almirón cuestionó que “las 909 urnas de Capital no tenían la faja de adhesión que sí tenían las restantes urnas”.
La mención sorprendió a los jueces, que le exigieron explicaciones.
El juez Vallejos consultó si había hecho la presentación correspondiente ante tal situación. Almirón dijo que no porque creía que esta reunión era el ámbito adecuado.
La respuesta le valió la advertencia del juez. “Ya le dije que ante cualquier situación usted y todos deben hacer la presentación de manera inmediata, por el bien de las instituciones y de la ciudadanía”, le reprochó.
Inmediatamente se consultó por teléfono a los secretarios encargados de controlar la carga de las urnas. Y se especificó: “Las urnas de Capital no tenían el adhesivo porque se habían acabado, pero sí tenían cinta”.
Se recordó además que por ley la urna debe ser fajada con la firma del presidente de mesa el domingo, una vez que se realice la apertura oficial del acto comicial.
El apoderado de Unión por la Patria, Félix Pacayut, asintió lo resuelto y explicó que “la situación no hace al proceso electoral porque ya ha pasado en otras ocasiones y lo que vale es la faja con la firma del presidente de mesa”.
Los representantes de la fuerza de Milei solicitaron además que se permita a los fiscales estar presentes en la carga de los telegramas y hubo quejas por una situación acaecida durante las elecciones del 22 de octubre en Chavarría. Otra vez, la queja fue difícil de digerir y Vallejos salió al cruce: “¿Por qué no hicieron un reclamo al respecto? Desconocemos de qué habla”.
El jefe del correo, Alfredo Demetrio, estaba presente y acusó recibo. “Me molestó el audio de WhatsApp que circuló poniendo en tela de juicio el trabajo del correo por esa situación. Nuestro trabajo es transparente. Cada telegrama que se sube tiene un formato papel y digital para ser controlado. Cada urna tiene un seguimiento por GPS para que todos puedan saber dónde está cada una”, dijo y le apuntó a Almirón: “Ahora que lo escucho hablar entiendo que fue usted el del mensaje de voz de WhatsApp”.
Almirón se defendió: “Le aseguro que yo no mandé ningún mensaje”.
La situación era tensa hasta que el juez Vallejos bromeó: “Ponga el audio, así lo escuchamos”. La sala fue una sola carcajada.
Demetrio y Almirón dejaron en claro que no había animosidad.
Luego, Félix Pacayut reconoció que las fuerzas volvían engorrosa la cuestión de los fiscales partidarios, cuya acreditación debe ser autorizada por la Dirección Nacional Electoral (Dine).
La lista se modifica horas antes de las elecciones y los representantes, para graficar la situación, reconocieron que, por el momento, no habían designado fiscales en Felipe Yofre, donde hay 5 mesas.
Otra de las cuestiones que planteó La Libertad Avanza fue la posibilidad de que los fiscales generales de los partidos custodien el traslado de las urnas.
“Lo pueden hacer por ley. Están habilitados y esta Junta quiere saber cómo lo van a implementar porque es una cuestión de los partidos”, interrogó la jueza Spessot. Ninguno de los representantes partidarios sabía cómo. “El convoy central son 10 vehículos que convergen en la Legislatura desde toda la provincia”, explicó el jefe del comando.
Los apoderados se miraban entre ellos para intentar encontrar una solución a lo planteado.
Entonces, Félix Pacayut recordó que en 2013 hicieron un pedido similar ante la Junta Electoral provincial y se propuso que un grupo de personas controle la llegada de las urnas en las escalinatas de la Legislatura. A lo que el juez Vallejos respondió: “Son casi 12 horas de trabajo. Se tardan 18 segundos en descargar la urna desde el camión hasta la sala de la Legislatura”.
Los apoderados reconocieron que era inviable la posibilidad de controlar el desembarco de las 2700 urnas, custodiadas por el Ejército y las otras fuerzas federales. Todo concluyó en paz.
Los apoderados se comprometieron a remitir la lista de los fiscales generales cuanto antes y coincidieron en que el proceso electoral es transparente y con las garantías impuestas por ley.
