Cuando hablamos del sistema tributario de un país no solo nos referimos al conjunto de tributos vigentes, sino que, por sistema, presuponemos también armonía entre los impuestos entre sí y respecto de los objetivos fiscales y extrafiscales del Estado.
Es evidente que en la Argentina no contamos con un sistema tributario, más bien deberíamos hablar de un régimen tributario con un único fin recaudatorio, caracterizado por su voracidad, su complejidad y sus cambios permanentes; junto con una ausencia de certeza jurídica que determina también su imprevisibilidad.
En nuestro país, la presión tributaria se origina en un sinnúmero de impuestos nacionales, provinciales y municipales, estos últimos disfrazados bajo el nombre de “tasas retributivas de servicios”. Más de 160 gabelas diferentes, con la consiguiente complejidad y carga administrativa para su correcta determinación y pago.
La Nación se apropia en forma directa de los impuestos sobre el comercio exterior, o sea los gravámenes de importación y exportación que incluyen las retenciones sobre granos y demás productos.
Si bien en cierta forma es razonable que determinados recursos tributarios sean asignados al Estado en forma directa, hacerlo con los derechos de exportación es un despropósito, pues se afecta la cantidad por producir y se disminuye la recaudación de los impuestos coparticipables: a mayor derecho de exportación, menor impuesto a las ganancias. Además, el principio rector a nivel internacional es que los impuestos los soportan los países receptores de los bienes y no los que los exportan. Si analizamos de enero a noviembre 2022 la recaudación de impuestos más los recursos aduaneros, el mayor aportante es el IVA, un gravamen altamente regresivo, con el 37,23% de la recaudación. Le sigue el impuesto a las ganancias con el 29,44%, un bajísimo importe comparado con lo que representa en los países desarrollados, producto de la informalidad y de las condiciones económicas del país. El tercer lugar le corresponde a los derechos a la exportación con el 10,14% y, finalmente, el impuesto a los débitos y créditos bancarios, aquel supuestamente transitorio gravamen de la era Cavallo, conocido como impuesto al cheque, con el 8,40%. Individualmente, el resto no es significativo.
El impuesto sobre los bienes personales representa el 2,59% lo cual refleja una alta evasión, además de ser el responsable de que numerosos argentinos hayan cambiado su país de residencia fiscal en busca de menor presión impositiva sobre sus patrimonios. De estos gravámenes, el reparto es el que se publica en la infografía que acompaña este texto.
No todo lo que le corresponde a la Nación queda en ella; una suma importante regresa a las provincias por obra pública, por préstamos y transferencias discrecionales fundadas en favoritismos políticos, entre otras cuestiones.
Hay gastos que necesariamente deben ser a cargo del gobierno nacional, como los que corresponden, entre otros, a la defensa nacional, las relaciones exteriores, el Congreso Nacional y la justicia federal, y es razonable que una parte de los impuestos le sean atribuibles para poder afrontarlos. Pero muchas de las actividades que realiza el Estado Nacional deberían corresponder a las provincias, con una mejor administración de los recursos.
La consecuencia de este mal reparto es que las provincias no reciben los fondos que debieran recibir y, por lo tanto, deben crear sus propios recursos. El principal es el impuesto a los ingresos brutos, altamente distorsivo y regresivo, un recurso que no se reparte adecuadamente con los municipios debido al sobredimensionamiento de los gobiernos provinciales, con municipios también cargados de burocracia que inventan numerosas tasas por servicios muchas veces inexistentes. Urge, entonces, contar con un sistema tributario serio, en lugar de este régimen únicamente recaudatorio, voraz, multiplicado al infinito e incapaz de ofrecer certezas jurídicas.
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