Por Emilio Zola
Especial
Para El Litoral
El mundo patas arriba, con las conquistas de civilidad y convivencia menospreciadas por demostraciones de intolerancia que hasta el momento se limitan a teorizar el regreso de la dictadura militar, con un Videla resignificado como apóstol del orden, convertido en meme apologético del exterminio sin derechos, del arresto sin motivos y de la muerte sin lápida.
Es lo que se puede ver en las redes sociales desde hace tiempo: una oda a los crímenes de lesa humanidad representados como la solución para reducir la criminalidad en el Gran Rosario.
La lógica de combatir el fuego con nafta aparece exacerbada por la espectacularidad de las detenciones masivas de pandilleros en las razias de Bukele, el presidente salvadoreño que se jacta de haber frenado la violencia con más violencia, sin admitir que en realidad pactó con los jerarcas maras para disminuir las ejecuciones callejeras por un tiempo que nadie sabe cuándo terminará.
La megacárcel donde fueron confinados miles de jóvenes sin las garantías del debido proceso, en flagrante violación de la Convención Americana de Derechos Humanos, exhibe al mundo una política de seguridad binaria y superficial, donde solamente hay buenos y malos, donde el marketing es prioridad para demostrarle a los garantistas que la mano dura rinde frutos.
La pregunta es ¿qué frutos?
En la Argentina pueden verse esos brotes antidemocráticos, en una cada vez más gruesa porción de la sociedad nacional que endiosa al dictador que en 1976 encabezó el período más luctuoso del país.
Los que vindican al déspota en las redes sociales lo hacen desde el facilismo del botón “compartir”, sin meditar sobre las consecuencias de viralizar un mensaje que convalida la interrupción del estado de derecho, con todos los riesgos que eso implica en pleno cambio de época, en medio de un proceso histórico que profundiza desigualdades a través de mensajes funcionales a los poderes fácticos con las nuevas plataformas tecnológicas como vehículo eficaz.
La revolución digital, la posibilidad de llegar a multitudes con el mínimo esfuerzo de postear una foto seductora, se combina con la garantía constitucional de expresar las ideas sin censura previa. Pero dado que ningún derecho es absoluto y del otro lado existe un público vulnerable, quizás haya llegado el momento de aplicar con más firmeza los derechos de cuarta generación, impulsados por juristas como el correntino (héroe de Malvinas) Armando Aquino Britos.
Se trata de evitar la inducción ideologizada sobre el presunto costado romántico de las tiranías. El supuesto beneficio de un todopoderoso autocrático que, en nombre de las libertades individuales, encarcela, asesina, adultera identidades de bebés recién nacidos, arroja cadáveres al Río de la Plata y todo lo demás (tan bien reflejado por la película 1985).
Aquino Britos propone la democracia constitucional como antídoto. Se trata de la democratización de los principios establecidos por la ley fundamental de un Estado, que a partir de la segunda guerra mundial pasó de ser un estatuto de coordenadas para el poder de turno a convertirse en un cuerpo normativo abierto a la incorporación constante de nuevos derechos. Nuestra Carta Magna de 1994, con su bloque de constitucionalidad integrado por los tratados internacionales, así lo demuestra.
Elevar la calidad constitucional mediante el fortalecimiento de la democracia parece una obviedad, pero no lo es.
La profusión de tendencias contrarias a los contenidos pétreos (los preceptos que no se pueden tocar), ratificados por las constituciones después de episodios espeluznantes como el holocausto, oficia de caldo de cultivo para la germinación de teorías totalitarias que piden balas en Rosario (¿acaso ya no hay suficientes?).
La historia enseña. Cada vez que un gobierno intentó confrontar al terrorismo con sus mismos métodos la recidiva fue peor. A la lucha antisubversiva encarada por el llamado Proceso de Reorganización Nacional le siguió la guerra de Malvinas. Al ataque de Estados Unidos contra Afganistán le siguió una sanguinaria guerra ganada por los talibanes.
La solución no está en mandar al ejército a pisar cabezas. De hecho, las fuerzas armadas argentinas no quieren hacerlo, conscientes de su rol. La Ley de Seguridad Interior define claramente los procederes que deberían seguirse en casos como los del imperio narco que se cierne sobre la cuna de la bandera, y los militares profesionales –a menos que se declare estado de sitio y se suspendan las garantías constitucionales- nada tienen que hacer en el entuerto.
Someter sin el amparo de la ley a una minoría como pueden ser los pandilleros enjaulados por Bukele, podrá generar cierto aleccionamiento coyuntural. Mantendrá a raya a los de su mismo estatus social por cierto tiempo, pero llegado el momento desatará reacciones inesperadas.
Cuando el débil es sometido mediante el despliegue de musculatura superior, la consecuencia será una revancha a hurtadillas, por la espalda y con el cuchillo bajo el poncho. Es lo que sucedió con el atentado a las Torres Gemelas de 2001, después de tantos años de guerra fría entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética, con el surgimiento de movimientos fundamentalistas como Al Qaeda.
Para evitar esas consecuencias, la cuarta generación de derechos habla de la necesidad de contemplar a las minorías y a los individuos como víctimas de un sistema no solamente corrupto, sino también corruptor.
Propone atacar las causas de raíz, con nuevos métodos y desde la razonabilidad que implica analizar los casos particulares para derrotar al verdadero enemigo: no a los pibes de 15 años que ofician de mulas, sino a las organizaciones criminales que se confabulan con las policías para crear zonas liberadas.
Si la primera generación de derechos garantizó la libertad, la segunda generación fomentó la participación política y la tercera generación protegió a los consumidores y al medio ambiente, la cuarta generación de derechos profundiza el beneficio de la Constitución como regla suprema de convivencia en la particularización de colectivos minoritarios, se especializa en la protección de sectores sociales huérfanos de Estado, librados al albedrío de poderes fácticos que pueden ser lícitos o ilícitos.
En la columna de lo ilícito aparecen los cárteles de la droga que hicieron base hace años en nuestro país, pero también figuran el tráfico de pornografía infantil y la publicación de imágenes privadas como método de extorsión. En la columna de lo lícito están los jóvenes con trabajo ya no temporario, sino fugaz, que cobran solamente cuando encienden una aplicación de cadetería para surcar ciudades en bicicleta, sin seguro laboral, sin más contención que la sala de urgencias de un hospital público.
El derecho a la intimidad, el derecho a la imagen y el derecho al trabajo adquieren nuevos subtipos que se diversifican a medida que la exposición en las plataformas digitales convierte a un adolescente en objeto de perversiones y abusos.
Del mismo modo, la inoculación de ideas predemocráticas, de recetas consabidamente fracasadas, mediante cadenas de memes que justifican fusilamientos en masa y aplauden cada vez que un Falcon verde sale del garaje, representa un peligro a tener en cuenta para estudiar su impacto en las nuevas generaciones, para educar desde la historia y ejercitar la creatividad en la sanción de un nuevo plexo normativo que contemple, incluso, la legalización progresiva de las drogas como herramienta para desarticular al hampa.
