El Senado de la Nación tiene, otra vez, la posibilidad de demostrar su predisposición a transparentar el proceso electoral en el país. Este miércoles las comisiones deben reunirse con la misión de firmar dictamen a un plan de real necesidad como es la implementación de la boleta única de papel que representará la abolición de las listas sábana.
El tema fue habilitado por el presidente de la Nación en la convocatoria a sesiones extraordinarias que concluyen el próximo 31. De emitirse mañana dictamen, quedará habilitado para ser tratado en el recinto la semana siguiente, por lo que el nuevo sistema podría convertirse en ley antes de que concluya este período, que puede ser prorrogado un mes más por el Poder Ejecutivo. Diputados aprobó el correspondiente proyecto hace un año y medio y la Cámara alta lo dejó dormir a instancias de los legisladores de Unión por la Patria, que, como era de esperar dado su escaso apego a transparentar los procesos, vuelven ahora a poner palos en la rueda con argumentos inconsistentes, que claramente apuntan, una vez más, a que los argentinos nos veamos privados de contar con un sistema de votación seguro, moderno, simplificado, mucho más económico, que anula la posibilidad de robo de boletas y, por ende, la manipulación electoral.
La boleta única de papel viene siendo reclamada por la propia Cámara Nacional Electoral desde 2007, un pedido al que adhieren con insistencia numerosas organizaciones de la sociedad civil que resaltan la importancia de asegurar que el derecho a votar no se vea menoscabado por la confusión o una influencia indebida.
En el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y de Asuntos Penales de la semana pasada se cruzaron distintas posturas a favor y en contra del proyecto. La mayoría de las disidencias fueron de forma, no de fondo, por lo que nada impide contar con esta ley tan importante. Los detalles que destacan algunos senadores podrán ser tomados en cuenta a la hora de reglamentarla o a instancias de la Cámara Nacional Electoral en el momento de su aplicación. Lo que no debería seguir consintiéndose es que, por meros caprichos, especulaciones o por el arte de buscar subterfugios para lograr que nada cambie, nos quedemos nuevamente los argentinos estancados en un tema tan trascendente que ya fue adoptado por muchísimos países con excelentes resultados. Tampoco es una novedad en el nuestro, por cuanto hay provincias y municipios que la utilizan.
De modificarse el proyecto sancionado por Diputados en junio de 2022, deberá ser nuevamente tratado por la Cámara Baja en última revisión, lo cual dilatará los tiempos innecesariamente siendo que cuenta con amplio consenso entre la mayoría de los legisladores y de los especialistas a los que Unión por la Patria ahora pretende citar al Senado para seguir dilatando los tiempos. ¿Cuál es el apuro si este año no hay elecciones?, sostenían ofuscados hace una semana algunos legisladores opositores. Precisamente, porque este año no hay elecciones es el momento propicio para sancionar una ley que llevará tiempo instrumentar a fin de que esté activa cuando deban realizarse los comicios de mitad de mandato, en 2025. Y cuando comiencen las sesiones ordinarias, el 1 de marzo, debería también el Congreso abocarse, sin más demoras, a la sanción de la “ley de ficha limpia”, destinada a prohibir presentarse como candidatos a quienes tengan una condena confirmada.
Como suele decirse que el Congreso no debería ser nunca un aguantadero de condenados amparados en sus fueros, las boletas de candidatos tampoco deberían ser una bolsa donde esconder a delincuentes y amparar la corrupción.
La esperanza está depositada en que haya dictamen esta semana y que la deuda sea saldada con la democracia.
