El gasto público deberá reducirse

Desde tiempo inmemorial se han debatido fórmulas para prevenir abusos mediante constituciones escritas y orales, formas parlamentarias y presidencialistas, división de poderes y garantías individuales, duración de mandatos y transparencia de los actos para su control. En Occidente, mucho se ha avanzado desde Montesquieu en adelante, aunque, al tiempo de verificar resultados prácticos siempre vale la escéptica pregunta de Juvenal, el poeta satírico latino: “¿Quién vigilará a los vigiladores?”. Pues quienes vigilan también están envueltos en la trama política, desde la antigua Roma hasta ahora.
Los malos gobiernos, para aprovechar esas debilidades, han infundido creencias míticas equiparando nombres de organismos con los fines de su creación, como los pueblos primitivos para atraer favores o conjurar maleficios. El organigrama del Estado argentino, con sus nomenclaturas extensas y redundantes, es paradigma de pobreza intelectual y aviesa picardía, al crear falsos altares consagrados a finalidades naturalmente incumplidas, excepto para quienes viven de ellos. El “pleonasmo al servicio de la expansión burocrática”, diría un filólogo con humor.
Para recuperar el espíritu del Estado moderno que soñó la Generación del 37, que impulsó la Organización Nacional y que completó la Generación del 80, es necesaria una reforma profunda de su estructura y de la base cultural sobre la cual se asienta. Desafío ciclópeo, pues nadie quiere renunciar a lo propio, aunque peligre el conjunto.
Estado y mercado deben desarrollarse de forma armoniosa sabiendo que, cuanto mayor sea la productividad privada, mayor será la posibilidad de ampliar funciones estatales en forma sustentable. Un Estado viable debe ser modesto y prudente, no expandiéndose más allá de los recursos disponibles por fuera de los roles que le son propios y de su capacidad de gestión competente. Debe construir reputación de eficacia y decoro con hechos, no con pautas publicitarias. Conocedor de sus límites, no debe ceder a presiones sectoriales ni a manotazos militantes que desfonden sus arcas en provecho de pocos hundiendo a los más indefensos en la inflación y la pobreza.
La reconstrucción de un Estado eficaz y respetado exige también un cambio cultural. No basta con denostarlo, pues cuanto más lo aprecie la población, más sencilla será la gestión pública y menor el costo de hacer cumplir sus normas. Como en Noruega, el modelo que invocó y pronto olvidó Alberto Fernández.
Es indispensable reconocer que la corrupción destruyó sus bases fundamentales, afectando a los tres poderes del Estado. Sin esa introspección colectiva, será difícil recomponer la seguridad jurídica para reducir la aversión a invertir en la Argentina. El retiro de la UIF y la Oficina Anticorrupción de los procesos en curso, no es buena señal cuando el mismo Ejecutivo debería marcar la diferencia con el pasado ya que las principales herramientas están en sus ministerios, entes regulatorios y empresas varias.
Con ley ómnibus o sin ella, el gasto público deberá reducirse, eliminando organismos completos que siempre demandarán recursos para justificar su existencia. La caída de ingresos que sufrirán las provincias y los aumentos de tarifas serán inevitables, en ausencia de mayores ingresos.
Si se recuperase la moneda, un círculo virtuoso de prosperidad podrá moderar el impacto de los ajustes. Ello requiere confianza en la capacidad del Gobierno para llevar a cabo las transformaciones a pesar de su reciente derrota legislativa y su escasa experiencia.
La mayoría votó por un cambio de modelo, no solo por el estilo de Javier Milei. Por un país sin inflación, sin corrupción y sin violencia, con un Estado modesto y prudente que pueda limitarse a cumplir sus fines. Allí radica el meollo de la cuestión, no en las formas utilizadas por el libertario.
Si quienes le niegan apoyo tuvieran ideas mejores que hasta acá no hemos visto, que las den a conocer en lugar de pretender lucirse con discursos que no explican cuál sería ese otro camino propuesto para satisfacer la demanda social expresada en las urnas, algo difícil de concretar sin afectar a nadie.
Es imperioso que una fórmula se muestre con eficiencia para solucionar los problemas que las trabas políticas y parlamentarias impiden al Gobierno echar a andar.