El Gobierno de Cuba anunció este viernes un paquete de medidas para enfrentar la crisis energética, en un contexto marcado por el agravamiento del desabastecimiento de combustible. Las disposiciones apuntan a garantizar los servicios esenciales y evitar un colapso de la actividad económica.
Según informaron las autoridades a través de la televisión estatal y el diario oficial Granma, el plan busca sostener los servicios básicos y proteger sectores estratégicos frente al endurecimiento del bloqueo petrolero de Estados Unidos.
El viceprimer ministro Oscar Pérez-Oliva explicó que el régimen priorizará el uso del escaso combustible disponible para asegurar la “vitalidad de los servicios fundamentales” y aquellas actividades que generan ingresos, como el turismo.
El paquete de emergencia
El paquete de emergencia, avalado por el Consejo de Ministros, contempla la promoción del teletrabajo, la reubicación de empleados dentro de las empresas estatales y la implementación de un esquema de clases semipresenciales en las universidades. Así lo detalló el ministro de Trabajo, Jesús Otamendiz, en declaraciones a la televisión estatal.
En el marco de la profundización de la crisis energética, las autoridades retomaron referencias históricas como la denominada “opción cero”, aplicada en los años ’90, que incluía racionamientos extremos, autosuficiencia alimentaria y el uso de medios alternativos para el transporte y la cocción de alimentos.
La situación actual se vincula, según el Gobierno cubano, a la operación militar estadounidense en Caracas y al refuerzo de sanciones impulsadas por el presidente Donald Trump, que afectaron el suministro energético de la isla.
Entre las nuevas medidas también se incluye la descentralización y facilitación de la importación de combustible por parte de empresas privadas. Además, se anunció un programa de distribución de paneles solares destinado a trabajadores esenciales, centros sociales y entidades bancarias.
El plan prevé la instalación de 20.000 sistemas solares en viviendas, 10.000 módulos para docentes y personal de salud, 5.000 para hogares aislados y otros 5.000 para centros sociales. A su vez, se ampliarán los incentivos para el uso de energías renovables, con la posibilidad de vender directamente lo producido a terceros.
Con información de Infobae.
