Tras un extenso debate y en dos votaciones consecutivas, el Senado rechazó los vetos del presidente Javier Milei y dejó firme, así, las leyes de financiamiento a las universidades nacionales y de apoyo y refuerzo salarial para el personal médico y los empleados del Hospital Garrahan.
Como viene ocurriendo desde que el Gobierno rompió alianzas estratégicas con gobernadores provinciales para imponer su política electoral para los comicios del próximo 26 del corriente, el oficialismo volvió a perder por paliza en un recinto del Congreso.
La ley de emergencia del sistema de salud pediátrico fue ratificada por el Senado por 59 votos a favor, 7 en contra -todos los senadores del oficialismo-, y tres abstenciones del bloque Pro (Alfredo De Angeli, Martín Goerling y Victoria Huala).
La ley de financiamiento universitario, en tanto, fue insistida por 58 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones. En este caso, la radical Carolina Losada (Santa Fe) se sumó a las abstenciones.
Con estas dos insistencias ya son tres las leyes que ambas cámaras del Congreso logran ratificar en un mismo período legislativo al rechazar el veto que les había impuesto el jefe del Estado. Es un hecho inédito en la historia institucional argentina, al menos desde el retorno de la democracia en 1983.
La anterior ley insistida por el Parlamento fue la que declaró la emergencia en los servicios de atención pública a las personas con discapacidad. Como este jueves, el 4 de septiembre último el Senado tuvo a su cargo ponerle el remate a la desautorización al Presidente, también con una votación ominosa para el Gobierno de 63 votos a favor y tan sólo 7 en contra del rechazo al veto de Milei.
La insistencia de las dos leyes se alcanzó luego de un árido debate que se extendió por más de seis horas y en la que, salvo contadas excepciones, el recinto se convirtió en caja de resonancia contra la administración libertaria y su política de ajuste del gasto como piedra angular para alcanzar el superávit fiscal.
En el inicio de la reunión sumaron al temario un proyecto de declaración que le pide al jefe de Gabinete que reasigne partidas para cumplir con la ley que actualiza aranceles de prestadores, crea una pensión no contributiva por discapacidad equivalente al 70% de la jubilación mínima y ordena saldar las deudas con los prestadores.
