El Gobierno definió modificar el sistema de contrataciones de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tras la filtración de audios de Diego Spagnuolo en los que denuncia un presunto cobro de coimas en el organismo. Se trata de la primera medida que tiene en la mira el Ejecutivo luego de los avances de la Justicia sobre la causa.
La Casa Rosada tiene previsto quitarle la autarquía financiera al organismo descentralizado, de forma que no pueda definir sus comprar y contrataciones sin intervención del Ministerio de Salud. “La idea es que las decisiones de adquisición pasen a la órbita de la administración central y que la ANDIS no ejecute el procedimiento de forma directa”, expresan en Nación.
La ANDIS fue creada durante la gestión de Mauricio Macri a través del decreto 698 del 2017, que estableció que tenga “autarquía económico financiera y personería jurídica propia”. La norma dispuso que no dependa jerárquicamente de un ministerio en materia de compras y que esté habilitada a dictar su propio régimen de contrataciones.
Es por eso que en Balcarce 50 apuntan a centralizar el organismo para que esté obligado a utilizar el Sistema Electrónico de Contrataciones (Compr.ar), supervisado por la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) que utilizan ministerios, secretarías y dependencias de la Administración Pública.
Según pudo saber TN, los equipos técnicos de Balcarce 50 están trabajando en el documento para impulsar la medida desde que se conocieron los primeros audios del extitular del organismo en el que habla de irregularidades en el proceso de contratación de la droguería Suizo Argentina.
El Gobierno definió avanzar con los cambios en el proceso de contrataciones de la ANDIS luego de comenzar la auditoría en el organismo tras la intervención a cargo de Alberto Vilches. En Nación aseguran que revisarán todas las licitaciones, compras directas y órdenes ejecutadas a través de vías de excepción.
El Ejecutivo mantiene la postura de que auditarán el contrato de la ANDIS con la droguería Suizo Argentina, que está en la mira de la Justicia, que ya realizó allanamientos y secuestró el celular de Spagnuolo. El oficialismo sostiene que el presidente echará a “todos los implicados en el proceso” en caso de que se compruebe que hubo irregularidades.
La mesa chica de la Casa Rosada definió un plan de acción tras las filtraciones y les pidió al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, que hablen públicamente en los medios. Insisten en que no planean que el jefe de Estado se refiera en el corto plazo al tema en sus intervenciones.
El Gobierno asegura que presentará ante la Justicia toda la documentación que recabe en la auditoría en la ANDIS y sostiene que no descarta denunciar a Spagnuolo ante la Justicia. En Nación reconocen que están buscando un fusible para “ordenar el frente interno”, que es la principal preocupación del oficialismo en la previa de la campaña electoral.
En el Ejecutivo califican a los audios como el “peor escándalo” de la gestión y advierten que el caso provocó un parate interno. Hubo una serie de reuniones de las que participaron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, Karina Milei y Santiago Caputo para definir la discursiva oficial. El abogado Francisco Oneto también participó de un encuentro.
TN
