El juicio por la expropiación de YPF enfrentará en el corto plazo tres instancias clave que servirán para determinar el rumbo de la causa. Por empezar, los primeros días de la semana que viene, la Corte de Apelaciones dará una definición sobre la entrega del 51% de las acciones de la petrolera y, más adelante, a fines de octubre, se llevará adelante la primera audiencia para tratar la apelación del fallo que obliga a la Argentina a pagar US$16.100 millones.
El litigio, en realidad, sumó a lo largo del tiempo distintas ramificaciones y la expectativa está puesta en que existan resoluciones en los próximos tres meses. Entre las últimas novedades, el martes el Gobierno se negó a entregar mensajes de Luis Caputo y Sergio Massa, uno de los pedidos de los demandantes que había habilitado la justicia de Estados Unidos.
Además, este miércoles, la Corte de Apelaciones de Nueva York declinó el pedido de la ONG Republican Action for Argentina(RA4ARG) de suspender la apelación argentina sobre la condena por la expropiación de YPF. Con esta decisión, la segunda instancia judicial estadounidense ratificó que tratará la apelación al fallo original en octubre.
Fechas clave en el juicio por YPF
Ahora el foco está puesto en lo que pasará la semana que viene. El martes, la Corte de Apelaciones definirá si habilita el pedido de la Argentina para suspender la orden para entregar las acciones de YPF hasta tanto se resuelva la apelación de fondo.
Aquí se abren tres escenarios posibles: que la Cámara de segunda instancia le conceda a la Argentina una medida cautelar y anule la transferencia de las acciones mientras se extienda la apelación; que se otorgue una medida cautelar pero que se reclame algún tipo de garantía; o que se ratifique la orden de la jueza Loretta Preska y que el Ejecutivo deba entregar los títulos de la petrolera.
En la mesa judicial de Nación creen que la respuesta de Preska no será favorable para la Argentina y analizan distintas opciones de apelación para “ganar tiempo”. La principal preocupación del oficialismo es caer en incumplimientos y afrontar sanciones, como tener que pagar multas diarias.
De todos modos, en la Casa Rosada aseguran que apelarán ante la Corte Suprema estadounidense en caso de que el Segundo Circuito exija la transferencia del paquete accionario antes de que se resuelva el litigio. Los demandantes, por su parte, consideran que la Argentina no debe demorar más la negociación, principalmente porque quieren resolver el juicio.
Nación insiste, por otro lado, en que no presentará ninguna garantía mientras esté firme el proceso de apelación formal del fallo que ordenó ejecutar la transferencia de las acciones y mantiene la postura de que no negociará con los demandantes siempre que queden instancias judiciales por agotar.
Las instancias que siguen
Pasada esa instancia, la próxima instancia clave en el calendario será el 25 de septiembre. La Procuración del Tesoro -que preside Santiago Castro Videla- tiene hasta ese momento para presentar los argumentos formales de su apelación contra la orden de entrega de acciones. Los fondos piden información que confirme que la petrolera y la Argentina “son lo mismo” para poder avanzar con la identificación de activos y embargarlos.
“La Cámara de Apelaciones ordena que la defensa argentina debe presentar el 25 de septiembre su escrito de apelación de fondo contra la decisión de la jueza Preska de ordenarle entregar sus acciones de YPF. Antes de esa fecha (quizás tan pronto como la semana que viene), la Cámara decidirá si prolonga la suspensión de esa orden mientras evalúa y resuelve esa apelación de la Argentina”, informó el exprocurador del Tesoro, Sebastián Soler, en su cuenta de X.
La tercera fecha es el 27 de octubre. Allí se realizará la primera audiencia pública para tratar la apelación del fallo completo de Preska. La defensa argentina insistirá en que el Estado e YPF no son lo mismo, por lo que no podrían ser utilizados para cumplir con una condena contra el país.
El Gobierno cuenta con el respaldo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que presentó un escrito ante la Cámara en apoyo a la posición argentina, en el que advirtió sobre las “consecuencias institucionales de ejecutar una sentencia contra un Estado soberano sin agotar las vías de apelación”.
TN
