El gobierno libertario quiere que en los primeros días de febrero se debata en el Senado la “modernización laboral”, el proyecto de ley que destroza los derechos de los trabajadores. La CGT, según confiaron los triunviros, buscarán convencer a los gobernadores de no votar a libro cerrado y modificar el texto normativo.
No es la opinión de todos los integrantes de la central obrera. Al menos eso dejaron trascender desde la UOM al convocar, para esta próxima semana, a una reunión que tendrá como objetivo organizar una movilización contra la reforma laboral.
El paro y la movilización son dos medidas de acción directa que tienen un papel secundario en cuanto a los discursos de los nuevos secretarios generales. Lo dijeron, lo insinuaron en los discursos del 18 de diciembre pasado cuando se movilizaron a Plaza de Mayo.
En rigor, en cada declaración que hacen Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, hacen referencia a estas dos medidas de fuerza, pero solo a modo de respuesta a una pregunta de sus interlocutores de turno.
Sin embargo, desde los días previos a la renovación de autoridades de la CGT ya se hablaba de un sector de gremios relacionados con la actividad industrial que presionaban para que la central obrera tenga un perfil más confrontativo con el gobierno de Milei.
Para este grupo de gremios, entre los que están los poderoso UOM y Smata, la inminencia del tratamiento de la reforma laboral los impulsa a no esperar al consejo directivo. Quieren una movilización entre el 10 y 11 de febrero, posibles fechas de tratamiento del proyecto en el Senado.
Poco a poco se suman más gremios, muchos del transporte, que son los que están sufriendo el abandono del gobierno a las políticas que llevaba adelante el Estado. Desde el mantenimiento de rutas viales, ferroviarias y aéreas, hasta la protección a la industria nacional, esta última abandonada a partir de la apertura indiscriminada de las importaciones.
A pesar de ello, en el consejo directo de la CGT se impuso la estrategia dialoguista y judicial. Esto es, hablar con los legisladores y también con los gobernadores pero ya no para que rechacen el proyecto, sino más bien para modificarlo y hacerlo menos dañino para los trabajadores.
Los triunviros lo dijeron durante la semana que pasó en diferentes reportajes. Sostienen que el gobierno sabe que no tiene los votos para imponerla tal como la escribieron y se entusiasman con algunos cambios.
El problema es que el gobierno no perdió tiempo y mandó al ministro del Interior, Diego Santilli, en busca de respaldo de gobernadores aliados. Claro, tiene que pagar lo que piden a cambio los jefes provinciales. Ese es un detalle que juega a favor de la CGT, pero tal vez el único.
Este próximo miércoles se sabrá qué peso tiene la convocatoria y se podrá saber si la CGT se mantiene solo en el carril del diálogo o no.
Página 12
