El mapa legislativo argentino sufrió un cambio histórico este viernes. Tras un debate de alto voltaje político en el Senado de la Nación, se convirtió en ley el nuevo Régimen Penal Juvenil, cuya modificación más sustancial es la reducción de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.
La iniciativa, que ya contaba con media sanción de Diputados, obtuvo 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención, quedando ahora a la espera de su reglamentación y publicación en el Boletín Oficial.
La jornada estuvo marcada por la presencia y el discurso de Patricia Bullrich, quien defendió la norma como una herramienta necesaria para terminar con la "indefensión de las familias". "El Estado no va a seguir mirando para otro lado. No importa la edad de los delincuentes, importa el delito", sentenció la funcionaria, subrayando que la falta de consecuencias legales ante el crimen juvenil había erosionado la autoridad de la ley en el país.
Cruces por el presupuesto y la infraestructura
Uno de los puntos de mayor fricción durante las siete horas de sesión fue el financiamiento del nuevo sistema. El peronismo, que se opuso en bloque, advirtió que la ley nace con una debilidad estructural: el presupuesto destinado a las provincias. Según la norma, se asignarán $23.700 millones para que los 24 distritos del país adapten su infraestructura a la recepción de menores imputables.
El senador Jorge Capitanich (PJ) fue uno de los más críticos al respecto. Utilizando datos del Servicio Penitenciario Federal, señaló que el costo del metro cuadrado de construcción ronda los $3,2 millones. "Con el presupuesto previsto, cada provincia recibiría fondos para construir apenas 308 metros cuadrados. Sin el presupuesto necesario, esto queda en letra muerta y constituye una frustración colectiva", advirtió el dirigente chaqueño.
Tensión en el recinto y el "minuto de silencio"
La respuesta del oficialismo no tardó en llegar. Luis Juez, ahora integrado al bloque de La Libertad Avanza (LLA), tildó de "mentirosos" a los legisladores de la oposición. "Si la discusión es la plata, que la pongan las provincias. Se la gastan en cualquier cosa, en publicidad", retrucó el cordobés, elevando la temperatura de un recinto que ya estaba al límite.
El momento de mayor dramatismo se vivió cuando Bullrich pidió un minuto de silencio por las víctimas de delitos cometidos por menores. Tras una breve duda reglamentaria planteada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, todo el cuerpo legislativo se puso de pie en un gesto de respeto que interrumpió la rispidez del debate.
Con esta sanción, Argentina se alinea con legislaciones de otros países de la región, bajo una premisa que Bullrich resumió antes de retirarse: "Si las hizo, las paga. Queremos una sociedad con menos delincuentes y menos presos, pero con justicia y responsabilidad". La implementación efectiva de la ley dependerá ahora de la celeridad del Ejecutivo para reglamentar los centros de contención y los procesos judiciales especializados para adolescentes.
