La coparticipación federal registró en enero una caída interanual del 7,5%, en un contexto marcado por el debate político y legislativo en torno a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. El retroceso en los recursos encendió alertas en las provincias y tensó la negociación entre los gobernadores y la Casa Rosada.
El dato se conoció mientras el oficialismo busca respaldo para avanzar con cambios que incluyen una reducción del impuesto a las Ganancias para sociedades, un tributo coparticipable que impacta directamente en los ingresos provinciales. Con una inflación estimada en 2% para el mes, la baja real profundizó las preocupaciones fiscales.
Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa), los recursos de origen nacional transferidos a las provincias cayeron 6,2% real interanual en enero. Dentro de ese total, la Coparticipación Federal de Impuestos mostró un deterioro mayor, explicado principalmente por el desplome del IVA, que retrocedió 11,3% real en un escenario de debilidad del consumo y la actividad económica.
Un relevamiento de Politikon Chaco coincidió en el diagnóstico. De acuerdo con ese informe, las transferencias automáticas totalizaron $5,8 billones, con una suba nominal que no logró compensar la inflación y derivó en una caída real del 6,7%. En términos históricos, enero de 2026 fue el segundo peor registro desde al menos 2017, solo por encima de 2024.
La baja fue generalizada en todo el país. Las 24 jurisdicciones recibieron menos fondos en términos reales. Salta (-4,3%) y Buenos Aires (-5,5%) mostraron las caídas más leves, mientras que Tucumán y la Ciudad de Buenos Aires encabezaron los descensos, con una merma del 8%. En el caso de la coparticipación pura, la contracción se acercó al 8%.
El foco del conflicto está puesto en Ganancias. Aunque ese impuesto mostró una mejora marginal en enero, no alcanzó para revertir el resultado global. Junto con el IVA, ambos tributos explican cerca del 95% de la masa coparticipable, por lo que cualquier modificación en su estructura tiene efectos directos sobre las cuentas provinciales.
El proyecto de reforma laboral enviado por el Ejecutivo incluye, en sus artículos 190 y 191, una reducción de alícuotas del impuesto a las sociedades y del Impuesto a las Ganancias. Un informe del diputado nacional Guillermo Michel estimó que la pérdida total de recaudación ascendería a $3,1 billones en 2026, de los cuales $1,7 billones corresponderían a las provincias.
Frente a este escenario, varios gobernadores endurecieron su posición y condicionaron su apoyo a la reforma a la implementación de compensaciones. Entre los reclamos aparece la posibilidad de volver a coparticipar el impuesto al cheque y la reactivación de obras públicas nacionales.
El respaldo de los mandatarios provinciales resulta clave para el oficialismo, especialmente en el Senado, donde la influencia de los gobernadores es determinante para el avance de los proyectos del Ejecutivo.
Con información de TN.
