La Justicia federal ratificó el fallo que obliga al gobierno de Javier Milei a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. Lo instó a cumplir de inmediato con la recomposición salarial de los trabajadores universitarios prevista en esa normativa y lo obligó a actualizar las becas a los estudiantes de ese nivel.
La decisión fue tomada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que le asestó un duro revés a la administración de La Libertad Avanza (LLA) al rechazar la apelación que había presentado para frenar esa normativa votada por el Congreso en septiembre del año pasado.
El tribunal calificó de “poco serios” a los argumentos presentados por la Casa Rosada, particularmente al que rechazaba el cumplimiento de la norma porque su texto no mencionaba las fuentes de financiamiento para solventar los gastos de Estado.
La ratificación del fallo de primera instancia surgió en momentos que el oficialismo ventila su voluntad de presentar en el Congreso un proyecto de ley de financiamiento universitario que anule el actual y que esté en sintonía con la política de motosierra blandeada por el jefe de Estado.
Por este motivo, docentes y no docentes de universidades de todo el país mantienen hoy un paro de 24 horas en rechazo a la política de ajuste del Javier Milei.
El fallo “es una excelente noticia para la comunidad universitaria del país, que valoramos en un contexto extremadamente delicado como el que atravesamos”, celebró el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) a través de sus redes sociales, tras ser notificado de la decisión judicial.
Es que lo que hizo el tribunal fue hacer lugar a un planteo que había interpuesto el CIN para hacer cumplir la ley, y actualizar los salarios de docentes y no docentes de todas las universidades, así como también los montos asignados a becas estudiantiles.
La presentación del organismo que aglutina a todas las casas de estudio públicas del país había sido para que se ratifique una resolución de primera instancia que declaraba la vigencia de la ley de Financiamiento Universitario que el Gobierno se empecinó en incumplir.
La decisión de primera instancia la había tomado el juez federal Enrique Cormick, que había hecho lugar a un amparo del CIN y varias instituciones dependientes de la comunidad universitaria, como hospitales, institutos y colegios secundarios.
Esa presentación había sido hecha luego de que el Gobierno dictara el decreto 759/2025 a través del cual suspendió la ejecución de la ley 27.795 por la mentada falta de recursos. El magistrado sostuvo que la decisión de la administración mileísta estaba atravesada por una “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”.
Con la decisión de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, el Poder Ejecutivo deberá buscar partidas y solventar los gastos por la actualización de partidas salariales para docentes y no docentes, así como también reforzar los montos de las becas de estudio vigentes.
Página 12
