El Gobierno nacional resolvió no profundizar el conflicto con la AFA y aguardará una definición judicial antes de avanzar con la veeduría impulsada por el Ministerio de Justicia. La decisión incluye descartar, por ahora, el uso de fuerza pública para ingresar a la sede de Viamonte, luego del intento frustrado de la semana pasada.
Evitar una confrontación mayor
En la Casa Rosada sostienen que la Cámara Civil analiza la apelación presentada por la conducción de Claudio Tapia contra la medida de la Inspección General de Justicia. Según entienden en Balcarce 50, el recurso tiene efecto suspensivo y limita nuevos movimientos operativos.
Desde el oficialismo remarcan que la prioridad es evitar una confrontación institucional de mayor magnitud. En ese sentido, consideran que insistir con el ingreso físico a la sede de la AFA, sin respaldo judicial firme, podría afectar la estrategia oficial.
La veeduría fue promovida por la IGJ con el objetivo de revisar documentación vinculada a los estados contables y financieros de 2025. También apunta a operaciones relacionadas con TourProdEnter LLC, el Grupo Sur Finanzas y la creación de la Universidad de la AFA “UNAFA”.
El organismo aclaró además que la medida no implica intervenir la administración cotidiana ni desplazar autoridades de la entidad. La intención oficial es centrar ahora el conflicto en el intercambio documental y administrativo.
Esperan respuestas este viernes
Los veedores dejaron requerimientos de información tanto en la AFA como en la Superliga. En el caso de la asociación que conduce Tapia, los inspectores no lograron ingresar la semana pasada y presentaron formalmente el pedido desde el exterior de la sede.
En la Superliga, en cambio, fueron recibidos por representantes legales de la entidad. Ahí también se presentó una nota de rechazo a la veeduría y se anticipó una apelación dentro de los plazos previstos.
El Gobierno espera las respuestas formales que deberán entregar ambas entidades este viernes. Recién después de ese paso y de la definición judicial, el oficialismo evaluará cómo continuará la ofensiva administrativa.
Cambios y tensiones internas
La avanzada oficial sobre la AFA también estuvo marcada por movimientos internos en el área de Justicia. La salida del exinspector general Daniel Vítolo y la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio generaron un reordenamiento en la estrategia del Ejecutivo.
En ese contexto, además, renunció Agustín Ortiz de Marco, uno de los abogados designados inicialmente como veedor. Su reemplazo fue Diego Coste, en una decisión que el Gobierno consideró necesaria para sostener el proceso de control impulsado sobre la conducción del fútbol argentino.
Con información de TN.
