Una discusión necesaria sobre el trabajo en la Argentina, exige mirar más allá de los slogans y atender a cómo se distribuyen realmente los costos y beneficios del cambio propuesto.
Creo que estamos en momentos cruciales para definir la Argentina del futuro. Si no somos prudentes, corremos el riesgo de adentrarnos en una aventura que puede resultar frustrante por sus resultados, o, por lo menos, insuficiente en función de las expectativas creadas. No todo lo que brilla es oro.
El proyecto de reforma laboral impulsado por el Poder Ejecutivo nacional ha vuelto a colocar en el centro del debate una cuestión tan sensible como estructural: el modo en que la Argentina regula el vínculo entre capital y trabajo.
El Gobierno presenta la iniciativa como una modernización necesaria, orientada a reducir rigideces, incentivar la contratación y promover la formalización del empleo. Sin embargo, toda reforma de este alcance requiere algo más que consignas: exige analizar con datos y realismo cómo se redistribuyen los equilibrios de poder dentro del sistema laboral.
La Argentina cuenta hoy con cerca de 18 millones de personas ocupadas. De ese total, aproximadamente el 42 % trabaja en condiciones informales, sin aportes previsionales ni cobertura social plena. Este dato, reiterado en el debate público, suele presentarse como un problema generalizado, pero esconde una desigualdad decisiva: la informalidad no está distribuida de manera homogénea en el entramado productivo.
“Modernizar el entramado laboral, parece ser la exigencia de la hora. Retroceder al siglo XIX no debe ser una opción. Pagar las remuneraciones “en especie” es un indigno retroceso”.
Las estimaciones más consistentes indican que más del 85 % del empleo informal se concentra en PyMEs y microempresas. En términos concretos, alrededor de 7,2 millones de trabajadores informales se desempeñan en unidades productivas pequeñas, mientras que solo unos 500 mil lo hacen en grandes empresas.
En contraste, las grandes firmas concentran empleo formal: cerca de 4,5 millones de trabajadores registrados, frente a 5,8 millones de trabajadores formales en PyMEs.
Este dato no es menor. Indica que el núcleo del problema laboral argentino no reside en las grandes empresas, que ya operan mayoritariamente dentro de la formalidad, sino en un entramado productivo pequeño, fragmentado y vulnerable. Allí confluyen baja productividad, dificultades de acceso al crédito, presión fiscal elevada e inestabilidad macroeconómica persistente, factores que pesan especialmente en el interior del país.
En ese contexto, la reforma avanza hacia un modelo de mayor flexibilidad, privilegiando el acuerdo individual o por empresa por sobre los convenios colectivos amplios. Para las grandes empresas, el beneficio es evidente: menor costo de despido, reducción del riesgo judicial, mayor previsibilidad y capacidad para reorganizar jornadas y estructuras salariales. Es un marco que consolida una posición que ya era relativamente sólida.
Para las PyMEs, en cambio, el escenario es más ambiguo. Por un lado, se alivian temores históricos vinculados a la litigiosidad laboral, uno de los factores que desalienta la contratación. Por otro, se incorporan nuevos costos fijos y mayores exigencias de gestión, en un contexto donde la rentabilidad es acotada y el margen de error reducido.
En provincias como Corrientes y en buena parte del NEA, donde el tejido productivo depende en gran medida de pequeñas unidades económicas, esta tensión se vuelve particularmente relevante.
“La reducción de la informalidad laboral es un objetivo dirigido casi exclusivamente a las PyMES. De tener en cuenta esa asimetría, probablemente dependa el éxito de la reforma”
Desde la perspectiva del trabajador, la reforma plantea interrogantes más profundos. La sustitución parcial de la indemnización por despido por un fondo específico modifica la lógica protectoria del derecho laboral. El despido deja de ser un acto excepcional con consecuencias significativas para el empleador y pasa a convertirse en una contingencia administrable.
Cuando despedir es más barato y previsible, el vínculo laboral se vuelve necesariamente más frágil, sobre todo para quienes tienen menor poder de negociación.
Algo similar ocurre con la flexibilización de la jornada mediante el banco de horas. Si bien puede resultar una herramienta útil en determinados sectores, su aplicación sin controles claros corre el riesgo de derivar en extensiones encubiertas del tiempo de trabajo. El tiempo del trabajador, un recurso finito, queda subordinado a la lógica de la productividad inmediata, con impactos directos sobre la salud y la vida familiar.
La reducción de la ultraactividad de los convenios y la fragmentación de la negociación colectiva también merecen una reflexión serena. Es cierto que el sindicalismo argentino arrastra prácticas cuestionables y estructuras poco representativas en muchos casos.
Pero no menos cierto es que los derechos laborales no surgieron de la negociación individual, sino de marcos colectivos pensados para compensar una desigualdad estructural. Debilitar esos marcos sin construir alternativas sólidas puede dejar expuestos, precisamente, a los sectores más vulnerables.
”La reforma sin dudas beneficiará principalmente a las grandes empresas. Para las Pymes, está por verse. Lo que sí, no creo que haya una avalancha de formalización laboral”
La promesa oficial es que estas reformas generarán más empleo formal. Puede que algo de eso ocurra si la economía logra un crecimiento sostenido. Pero atribuir la informalidad principalmente a la legislación laboral implica una lectura parcial del problema.
Los datos muestran que la informalidad está estrechamente ligada a la estructura productiva y a la inestabilidad macroeconómica. Ninguna reforma laboral, por sí sola, puede corregir esos desequilibrios.
La reforma laboral no es neutra. Ordena lo que ya estaba relativamente ordenado —el empleo en grandes empresas— y deja abiertos interrogantes sobre su impacto real en el universo PyME, donde se concentran tanto el empleo como la informalidad.
La verdadera modernización debería partir de un reconocimiento básico: en la relación laboral, el poder nunca está distribuido en partes iguales. Las normas existen para equilibrar esa asimetría. Ignorar ese dato no es audacia reformista; es desconocer una lección elemental de la historia económica y social argentina.
