Un teléfono de la municipalidad, diálogos en clave y un clan familiar con un "manto de protección" para meter droga en comunidades pequeñas, conforman la síntesis de un hallazgo que comenzó como investigación en Misiones y terminó con una condena en la Justicia Federal de la provincia de Corrientes.
Jorge Luis "Negro" Camelino, un policía retirado de 64 años que siguió su vida laboral como trabajador municipal, su pareja Rosana Ester Gadea -de 54- y el hijo de ambos, Camilo José Camelino -de 31-, terminaron en las últimas horas con condenas a cuatro años de prisión cada uno, por vender droga en Colonia Liebig, una comunidad del interior de Corrientes pero que se encuentra a tan solo 84 kilómetros de la capital misionera, Posadas.
Los empezó a seguir la Justicia en octubre de 2023 a raíz de una investigación por supuesto contrabando de estupefacientes llevada adelante por la Gendarmería en la provincia de Misiones, a partir de la cual las pistas llevaban a Corrientes.
En ese marco fue que se ordenaron intervenciones telefónicas y se descubrió que la familia Camelino vendía droga al menudeo desde su casa, en una localidad de apenas un poco más de 4.400 habitantes.
Intendente
El mayor del grupo era quien llevaba adelante las maniobras de abastecimiento, nada menos que con un teléfono de la municipalidad, donde se desempeñaba como chofer. Esa característica le valió otro punto a tener en cuenta por los investigadores.
Sus proveedores lo llamaban "intendente" en diálogos mantenidos en clave, donde los intercambios de dinero y estupefacientes se producían en el marco de reuniones a los que se llamaban para "tomar mate".
Pero la jerga era aún más extensa. A la droga le daban, o denominación animal (como nutria, tatú o "bichito uña larga"), o un carácter gastronómico bastante amplio. De acuerdo con las conversaciones intervenidas, se referían a los estupefacientes como empanadas, o incluso fideos, espagueti y cinta.
De esos diálogos obtenidos en las líneas pinchadas de los sospechosos es que se supo también que utilizaban un teléfono de Camilo para establecer contacto con quienes abastecían al clan, y que Rosana Ester lograba introducir sus ventas en San Carlos, un pueblo distante menos de 40 kilómetros de Liebig.
Los viernes era el día de mayor venta allí, según se estableció en la causa.
La mujer del grupo tenía un rol clave, especialmente a la hora de pedir las drogas y medir sus calidades de acuerdo con lo que sus compradores demandaban. Y no se trataba solo de marihuana, sino de cocaína de al menos dos grados de pureza.
El Negro Camelino, a su vez, por su condición de retirado de la fuerza provincial obtuvo para el negocio familiar "un manto de cobertura", como se escribió en la sentencia, lo que les permitía actuar con un grado de impunidad ligado a su acceso a "alertas" e "información privilegiada", indicaron los magistrados.
Y eso quedó plasmado en el caso al detectar una charla en la que uno de los integrantes de la banda se refiere a una comunicación con un comisario que le avisó que estaban en la mira y que incluso, había investigadores de la provincia vecina que irían por ellos.
El juicio
Para los fiscales que actuaron en el juicio, Tamara Pourcel y Juan Martín Mariño Fages, este caso se enmarcó en los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, pero la defensa puso el acento en las debilidades del procedimiento con el que se llegó a la conclusión.
El defensor oficial Enzo Di Tella, reclamó al tribunal que se ordenaron allanamientos en los márgenes de otra causa y no en esta, que un expediente abierto en Misiones terminó con tareas de inteligencia en Corrientes y que además no resultaba claro con qué resolución judicial se determinó la intervención de uno de los teléfonos investigados, entre otros argumentos.
No obstante, el tribunal avanzó con el caso ante pruebas halladas como 39 gramos de marihuana encontrados en la casa, más de una decena de teléfonos celulares y una cifra de dinero en efectivo superior al 1.200.000 pesos en billetes chicos, metidos adentro de una bolsa.
En el domicilio de la familia también se hallaron seis municiones de escopeta calibre 16,70 y hasta un posnet de Mercado Pago.
En la sentencia firmada por el juez Eduardo Ariel Belforte, del Tribunal Oral Federal de Corrientes, además del decomiso de todos los celulares encontrados, se ordenó la quita de un automóvil Peugeot 206 con el que, según se desprende del expediente- Jorge Luis trasladaba las cargas que comercializaban en su casa de la calle Bartolomé Mitre.
