En un fallo que generó alivio entre los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Justicia Federal intimó al Poder Ejecutivo Nacional al “inmediato cumplimiento” de una medida cautelar que ordena dejar sin efecto la disponibilidad de 286 empleados del organismo. La resolución incluye una sanción de $10 millones por cada día de demora y la advertencia de posibles consecuencias penales para los funcionarios que incumplan la orden.
La decisión, firmada por la jueza federal Martina Isabel Forns (Juzgado en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín), constituye un giro clave en el conflicto desatado por la resolución 1240/2025 del Ministerio de Economía, que había puesto en riesgo cientos de puestos de trabajo.
En diálogo con Hoja de Ruta, Gabriel Escobar, secretario de APINTA seccional Corrientes, expresó: “Lo vemos muy positivo, estamos un poco más calmados. Lo que pasó iba a ser un desastre: dependíamos solamente del Ministerio de Agricultura y Economía sin administraciones propias en los INTA. Ahora seguimos trabajando normalmente, pero siempre en alerta”.
En la experimental de Corrientes y sus agencias trabajan alrededor de 80 personas. “Son 80 familias que estaban en peligro. Imaginate la angustia cuando nos enteramos de las disponibilidades, era una locura pensar cómo íbamos a pagar la luz, el agua o los sueldos”, contó Escobar.
El dirigente gremial remarcó que, pese a las tensiones, los trabajadores siguen cumpliendo con sus funciones: “Siempre le encontramos la vuelta para seguir laborando, investigando y acompañando a los productores. El INTA tiene una relación muy fuerte con el sector privado y con las organizaciones agrarias, que nos respaldaron en este proceso”.
Escobar agradeció el apoyo social y mediático: “Si no hubiésemos tenido el acompañamiento de los medios, de los pequeños productores y de la comunidad, esto no habría sido posible. Ese respaldo es lo que nos da tranquilidad para seguir trabajando”.
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