El exdirector de Docencia e Investigación del Hospital Garrahan, Juan Carlos Vassallo, dialogó con Hoja de Ruta sobre el debate en el Congreso en torno a la ley de emergencia pediátrica y la formación de profesionales de la salud. Alertó que la normativa que busca implementar el Gobierno pone en riesgo derechos laborales, calidad formativa y, en consecuencia, la seguridad de los pacientes.
El Ministerio de Salud de la Nación modificó en julio pasado el Sistema Nacional de Residencias Médicas en medio de la escalada del conflicto entre el Gobierno y los residentes del Hospital Garrahan. Se distinguieron dos contratos: uno directo con las instituciones y otro con la modalidad actual. La gran diferencia radica en la precarización de fondo que existe en el primer sistema, ya que al trabajador se le quitan todos los derechos laborales.
Vassallo recordó que el Garrahan es un hospital de referencia en Argentina y Latinoamérica, que atiende patologías complejas y raras, además del 40% de los casos de cáncer infantil del país. “El hospital ha logrado ser una respuesta a las necesidades de salud de la población infantil, sin importar dónde viva el chico, porque es público, gratuito y trabaja en red con todas las provincias”, explicó.
Uno de los ejes centrales de su intervención en el Congreso fue el sistema de formación en residencias. Vassallo criticó la reglamentación que habilitaba el reemplazo de contratos laborales por becas institucionales:
“Esto retrotrae el sistema 50 años atrás. Un residente es un profesional graduado, con matrícula habilitante y responsabilidad legal. Necesita condiciones laborales adecuadas para poder dedicarse a aprender trabajando y trabajar aprendiendo”.
Según detalló, la beca institucional implica perder aportes jubilatorios, derechos laborales y regulaciones sobre el salario, lo que genera precarización y desigualdad entre instituciones. “Los residentes no quieren esa beca, pero se ven obligados a elegirla porque apenas les permite sacar la cabeza del agua para sobrevivir”, graficó.
También cuestionó que la reglamentación eliminara el descanso obligatorio tras las guardias, lo que habilitaría jornadas de hasta 28 horas continuas: “El mundo demostró con evidencia que los errores médicos aumentan en esas condiciones. Niños que llegan con fiebre y no se detecta una meningitis, diagnósticos errados o cirugías con fallas. Eso tiene un impacto directo en la salud y en la vida de las personas”.
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