La Cámara de Diputados de Corrientes recibió a miembros del Superior Tribunal de Justicia, del Colegio de Magistrados y de la Justicia Federal en el marco del debate por el proyecto de “desfederalización parcial de delitos tipificados en la Ley de Estupefacientes”, conocida como ley de narcomenudeo.
Invitados por la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside la diputada Lucía Centurión, los magistrados expusieron su mirada sobre la iniciativa que busca que la Justicia provincial pueda intervenir en causas de microtráfico, una competencia que hoy corresponde al fuero federal.
El ministro del Superior Tribunal de Justicia, Alejandro Chaín, explicó que la norma apunta a que la Justicia ordinaria pueda actuar “en el último tramo de la cadena”, es decir, en la relación entre el pequeño distribuidor y el consumidor. “No se busca criminalizar el consumo, sino perseguir penalmente al último eslabón del negocio criminal”, subrayó.
Chaín recordó que este esquema ya funciona en otras provincias y que existen distintos modelos a tomar como referencia, como los casos de Salta o Chaco. Sin embargo, advirtió que la principal preocupación radica en la falta de recursos: “El Poder Judicial provincial está preparado para llevar adelante la tarea, porque es nuestro trabajo. Pero sin las herramientas necesarias, es inviable. No se trata solo de infraestructura o personal: es una política pública que requiere recursos previsibles y sostenidos en el tiempo”.
El ministro resaltó que la finalidad del proyecto “es loable” y destacó la decisión del Poder Ejecutivo de impulsar la norma. “El narcotráfico representa uno de los negocios más dañinos para la sociedad y golpea particularmente a los jóvenes, un colectivo especialmente vulnerable. Es el momento de ponerle el cuerpo a esta problemática, pero no a cualquier costo: el fin no justifica los medios”.
En esa línea, Chaín insistió en que la discusión no solo debe centrarse en la finalidad de la ley, sino en cómo llevarla adelante: “Hace falta una decisión clara de encarar esta política pública con los recursos necesarios. El Poder Judicial va a estar a la altura, porque es un poder del Estado y tiene que funcionar”.
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