La diputada provincial del Partido Justicialista, Marlen Gauna cuestionó el proyecto que propone adherir a Corrientes al artículo 34 de la ley nacional de estupefacientes —la ley de “narcomenudeo”— y advirtió que la discusión legislativa se concentra en la competencia jurisdiccional más que en las soluciones estructurales al problema.
En diálogo con Hoja de Ruta, Gauna dijo que el debate central es “si pasa al fuero provincial o si sigue en el federal”, y que eso no equivale a resolver la problemática de raíz. “Lo que estamos legislando es si pasa al fuero provincial o si sigue en el federal, no si esto se soluciona en definitiva”, señaló.
La diputada explicó que el proyecto enviado por el Ejecutivo y con media sanción del Senado prevé que la provincia asuma la persecución penal del microtráfico mediante la creación de una agencia y la intervención de la justicia y la policía provinciales. Sin embargo, advirtió que la experiencia de otras provincias demuestra que la medida por sí sola no alcanzó los objetivos esperados.
“Lo que estamos viendo muchas veces es la cola de la víbora: se detiene a un dealer de barrio y al rato aparece otro en la otra cuadra. No hay políticas integrales que atiendan la prevención, la salud mental y la inclusión laboral”, afirmó Gauna.
La diputada puso el acento en la falta de camas, centros y dispositivos de tratamiento para consumidores y en la capacidad del sistema penitenciario: citó el testimonio de jueces y operadores que advirtieron sobre la saturación carcelaria y la ausencia de programas de rehabilitación. “¿Qué vamos a hacer con esa población carcelaria si no existen dispositivos de tratamiento? —preguntó—. Gran parte de los detenidos están en situación de consumo y necesitan respuesta desde la salud, no sólo desde la cárcel”.
Gauna también cuestionó cláusulas puntuales del proyecto: la creación de una agencia con facultades de investigación que, a su juicio, requiere límites y controles claros. “Puede haber herramientas útiles, pero no podemos transferir competencias sin garantizar presupuestos, personal y controles. Hay artículos finos que merecen revisión”, dijo.
Desde lo político, la legisladora adelantó que su bloque no acompaña la versión actual del texto y pidió discutir la norma “con tiempo y con los recursos que hagan viable su implementación”. Adelantó además que su bancada trabaja en una iniciativa complementaria: la declaración de emergencia en salud mental para la provincia, que, según afirmó, es central para abordar el problema del consumo y la vulnerabilidad juvenil.
“Si nuestro objetivo fuera realmente combatir el fenómeno, lo primero sería invertir en dispositivos que reviertan el hábito del consumo: centros de atención, programas de inclusión laboral y políticas sociales. Sin eso, trasladar la competencia al fuero provincial sólo sirve para cargar las cárceles”, resumió.
La diputada reconoció además que la cuestión tiene impacto político-telévisivo y periodístico, pero alertó sobre los riesgos de convertir la norma en “titular de diario” sin un plan operativo: “La finalidad puede ser loable, pero el fin no justifica los medios si los medios no existen”.
El proyecto, que viene con preferencia en la agenda parlamentaria, podría volver a sesionar en los próximos días. Mientras tanto, Gauna pidió profundizar el intercambio entre legisladores, Justicia, Salud y organismos sociales para que cualquier cambio normativo vaya acompañado de recursos previsibles y políticas públicas integrales.
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