El reciente veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad generó preocupación en distintos sectores del país. En Corrientes, la incertidumbre afecta directamente a familias que dependen de centros terapéuticos y educativos para la atención de personas con discapacidad. La continuidad de estos espacios, fundamentales para el acompañamiento integral, está en riesgo si no se garantiza un marco de financiamiento sostenible.
Preocupación de madres de niños con discapacidad
El Litoral dialogó con una profesional que es madre de un niño con síndrome de Down y cuenta con cobertura de Issunne, la obra social de la comunidad universitaria. Advierte que los problemas con los prestadores escapan a la universidad, ya que responden a Nación.
Ante el actual panorama, expresó: “Tengo la duda sobre qué cubriría la obra en caso de que las instituciones que atienden a niños con discapacidad, se cierran. Esto me afecta personalmente porque tengo un hijo con síndrome de Down y si la ley de emergencia en discapacidad es vetada y no hay una solución, esas instituciones van a cerrar. El problema es ¿cómo nuestros hijos continuarán su tratamiento o seguimiento?”.
Consultada sobre si conoce otros casos en Corrientes, comentó: “Solo conozco a los familiares de una nena compañera de mi hijo que sé también tienen Issunne”.
Los centros cumplen funciones clave como la estimulación temprana y el acompañamiento educativo y terapéutico. La falta de actualización en los pagos y la incertidumbre presupuestaria amenazan su sostenibilidad.
Aprobación en el Senado y veto presidencial
El pasado 10 de julio el Senado había aprobado por unanimidad el proyecto de ley que declara la emergencia en discapacidad hasta 2027. La iniciativa buscaba garantizar la regularización de pagos a prestadores, la actualización de aranceles y el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), entre otros puntos.
Sin embargo, el presidente Javier Milei anticipó el veto y argumentó que las leyes aprobadas “atentan contra el equilibrio fiscal”. La firma del decreto se habría concretado este sábado y su publicación en el Boletín Oficial está prevista para el lunes. Desde el Gobierno, habían manifestado su preocupación por el impacto presupuestario de la medida.
Organizaciones no gubernamentales, personas con discapacidad y familiares vienen advirtiendo sobre la crisis del sector. El 29 de mayo, distintas asociaciones marcharon al Congreso en reclamo de una política de protección sostenida y más previsibilidad para quienes brindan servicios esenciales.
El proyecto también proponía reforzar los recursos destinados a talleres protegidos y centros de día, actualizar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), y garantizar el cumplimiento del cupo laboral del 4% en el sector público. Todo esto, con un impacto fiscal estimado entre el 0,22% y el 0,42% del PBI, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Mientras tanto, en Corrientes como en otros puntos del país, muchas familias atraviesan días de incertidumbre. La continuidad de los tratamientos, apoyos escolares y terapéuticos depende de decisiones que aún están en juego.
(VT)
