La Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes expresó públicamente su preocupación y disconformidad a través de un comunicado sobre la persistente falta de respuestas y acciones por parte del fiscal Facundo Sotelo en relación con los delitos rurales.
Además, señalaron que estos hechos son de público conocimiento y que la situación fue puesta en conocimiento del fiscal general.
Demoras en la judicialización
Desde la entidad advirtieron que enfrentan hechos que requieren respuestas ágiles y firmes, pero se encuentran con obstáculos cada vez que la Policía Rural interviene.
Este tipo de situaciones genera dilaciones en medidas judiciales que deberían resolverse con rapidez, indicaron en el comunicado.
Reconocimiento al trabajo policial
Por otra parte, las sociedades rurales destacaron y respaldaron el trabajo de campo realizado por la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica.
Subrayaron que las patrullas, controles y tareas de prevención lograron avances concretos, pese a los recursos limitados disponibles.
Pedido de coordinación institucional
Finalmente, instaron a las autoridades a verificar el accionar de quienes deben impartir justicia desde la fiscalía general y a restablecer una coordinación efectiva entre la Justicia y las fuerzas de seguridad rurales.
Remarcaron que la seguridad rural no debe quedar sujeta a decisiones que debiliten el Estado de derecho.
