A través de una versión trascendida por el ingeniero multilitigante Rodolfo Amilcar Paladini, se supo que una abogada del foro local habría denunciado ante el Superior Tribunal de Justicia a la jueza Graciela Ferreyra, titular del Juzgado de Instrucción de la sexta nominación y subrogante del Juzgado de Instrucción 1, en turno, de esta circunscripción.
Esta es la segunda denuncia contra la magistrada, oriunda de Caá Catí y que luego de pasar por la Secretaría del Juzgado de Instrucción Nº 1 (a cargo del entonces juez Mario Payes) llegó a la titularidad del Juzgado 6º con acuerdo del Senado. A principios de deciembre la presidente de la Cámara del Crimen Nº 1, Cynthía Godoy Prats dipuso iniciarle sumario administrativo en su caracter de autoridad de superintendencia ante el Superior Tribunal de Justicia. En paralelo cobraba forma una presentación por los presuntos delitos de prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad de instrumento público, en causas que involucra al ingeniero Paladini.
Ahora la jueza sumó una nueva denuncia. La razón estaría vinculada a una supuesta adulteración del orden de los detenidos en una rueda de reconocimiento, ordenada por Ferreyra pero instrumentada por la secretaria del primer estrado del fuero penal en esta capital, una doctora de apellido González, según Paladini. La estrategia habría servido para beneficiar a un preso involucrado.
Por tal motivo, el martes 21 de diciembre la abogada Rosa Beatriz España (aparentemente querellante en la causa adulterada), supuestamente responsabilizó a la jueza Graciela Ferreyra por la comisión de los delitos de prevaricato, abuso de autoridad, falsedad ideológica de instrumentos públicos, entre otros, ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia. Según Paladini, las acusaciones asimismo alcanzarían a otros integrantes del Poder Judicial.
Lo cierto es que a partir de la denuncia se intentó poner en conocimiento del máximo estrado que se habrían comprobado irregularidades en una causa penal, en la que se llevaban a cabo reconocimientos por testigos en una rueda de detenidos. En el acta notarial presentada en la acusación formal España consigna declaraciones testimoniales de algunos presos en las que admiten haber sido cambiados en sus ubicaciones.
La maniobra para confundir la identificación de los autores de un supuesto delito habría sido por una orden expresa de Ferreyra y llevada a cabo por la secretaria del juzgado, en tanto que finalmente no habría podido ser puntualizado el autor del ilícito, de acuerdo a lo manifestado por Rodolfo Paladini.
Esta es la segunda denuncia contra la magistrada, oriunda de Caá Catí y que luego de pasar por la Secretaría del Juzgado de Instrucción Nº 1 (a cargo del entonces juez Mario Payes) llegó a la titularidad del Juzgado 6º con acuerdo del Senado. A principios de deciembre la presidente de la Cámara del Crimen Nº 1, Cynthía Godoy Prats dipuso iniciarle sumario administrativo en su caracter de autoridad de superintendencia ante el Superior Tribunal de Justicia. En paralelo cobraba forma una presentación por los presuntos delitos de prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad de instrumento público, en causas que involucra al ingeniero Paladini.
Ahora la jueza sumó una nueva denuncia. La razón estaría vinculada a una supuesta adulteración del orden de los detenidos en una rueda de reconocimiento, ordenada por Ferreyra pero instrumentada por la secretaria del primer estrado del fuero penal en esta capital, una doctora de apellido González, según Paladini. La estrategia habría servido para beneficiar a un preso involucrado.
Por tal motivo, el martes 21 de diciembre la abogada Rosa Beatriz España (aparentemente querellante en la causa adulterada), supuestamente responsabilizó a la jueza Graciela Ferreyra por la comisión de los delitos de prevaricato, abuso de autoridad, falsedad ideológica de instrumentos públicos, entre otros, ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia. Según Paladini, las acusaciones asimismo alcanzarían a otros integrantes del Poder Judicial.
Lo cierto es que a partir de la denuncia se intentó poner en conocimiento del máximo estrado que se habrían comprobado irregularidades en una causa penal, en la que se llevaban a cabo reconocimientos por testigos en una rueda de detenidos. En el acta notarial presentada en la acusación formal España consigna declaraciones testimoniales de algunos presos en las que admiten haber sido cambiados en sus ubicaciones.
La maniobra para confundir la identificación de los autores de un supuesto delito habría sido por una orden expresa de Ferreyra y llevada a cabo por la secretaria del juzgado, en tanto que finalmente no habría podido ser puntualizado el autor del ilícito, de acuerdo a lo manifestado por Rodolfo Paladini.
