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/Ellitoral.com.ar/ Sociedad

Violencia sexual: una realidad invisibilizada y sin políticas públicas para erradicarla

Los abusos y violaciones a las mujeres son una constante muchas veces naturalizadas en el seno de las relaciones de pareja, familiares o de cualquier otra índole. Desde la justicia aclaran que no existen cifras oficiales pero que desde la experiencia hay al menos 40 casos por mes. En esta nota dos aportes de profesionales que revelan la ausencia del estado y la necesidad de acciones concretas para combatirla.

Por Melisa Vega

@_melijota

 

Infografías: Nicolás Alonso

@Nicolas_alo

Marcado por la invisibilidad y el tabú, la violencia sexual es un tipo de violencia de género que no distingue clases sociales, edades ni razas. En Corrientes no existen cifras oficiales que revelen el número de mujeres que son víctimas de violaciones y abusos. Las que se manejan son “variables” y dependen de las denuncias que recogen las fiscalías provinciales.

Se estima que por turno hay un aproximado de 20 denuncias, lo que quiere decir que en un mes llegan 40 casos de abusos sexuales.  Las edades también son una variable. En muchos casos se trata de mujeres adultas que exponen situaciones vividas por menores, así lo afirmó el fiscal Gustavo Robineau en diálogo con ellitoral.com.ar. Según su experiencia,  sólo 5 de las 20 que llegan a cada fiscalía son mayores de edad y tienen menos de 40 años.

El entorno en el que se dan estas violencias son en la "extrema pobreza". Hogares donde hay "hacinamiento" y varias personas durmiendo en la misma cama.  Para él es una cuestión que "a ese nivel socioeconómico está naturalizado".

Natalia Rajoy es trabajadora social y diplomada en género y sexualidad. Afirmó que la violencia sexual es un problema de salud pública, como también una responsabilidad del Estado que es quien “debe generar políticas públicas integrales para visibilizar esta cuestión”. Para ella se trata de "un delito que avasalla derechos, vulnera y va en contra de la integridad de la persona".

Explicó que las mujeres pobres son las que están más expuestas a vivirlo porque no cuentan con las herramientas que la hagan tomar conciencia sobre lo que atraviesan. De entender que se trata de sus cuerpos y que ningún tercero puede invadirlo sin su consentimiento.

Rajoy es también integrante de la Línea 137 de Resistencia que atiende a mujeres víctimas de violencia. Haciendo una comparación de las realidades con la provincia vecina aseguró que son muy disímiles ya que Corrientes no cuenta con políticas públicas que aborde la problemática desde una mirada integral.

 

 

Asimismo el fiscal explicó que en la provincia no existe una red de contención para quienes sufrieron abuso sexual. Desde la Justicia se le ofrece información o ayuda a través del Centro de Monitoreo o el Refugio de Mujeres pero “no hay un sistema que garantice el seguimiento o apoyo psicológico de contención”.

Al respecto, la trabajadora social apuntó a la necesidad de que los cuerpos interdisciplinarios que abordan la temática no naturalicen el hecho. Que dimensionen a la problemática desde la violencia de género y no al acto sexual como “un deber de la mujer en su rol de esposa que debe atender y estar a predisposición del hombre cuando ellos quieran. De ser para el otro olvidándose de ellas mismas,  de sus límites y decisión”.

Robineau comentó que las personas mayores de 18 son las más reacias a denunciar, un paso necesario para la apertura de la investigación porque se trata de delitos de “instancias privadas”. Sin embargo, para Rajoy estos hechos se dan en el ámbito interno pero se trata de una problemática pública donde el Estado debe ser el que a través de diferentes organismos, se encargue de prevenirlo.

“El Estado debe dar una posibilidad de salir de esta situación. Sino es muy difícil que una mujer diga basta, que reconozca y desnaturalice lo que vive para elevar una denuncia. Porque aunque le cueste ella lo siente en su cuerpo, como una decisión que no quiere y no lo decidió, ¿cómo hacemos para que pueda ponerlo en palabras?”, dijo Rajoy.

Ella remarcó lo importante de contar con un dispositivo de atención, por ejemplo en las comisarías, donde no se “revictimice” en las comisarías, es decir, se la vuelva a castigar o culpar por el hecho, sino que la acompañe por medio de un equipo interdisciplinario. También aseguró que si se sigue sólo interviniendo desde lo psicológico, la problemática social nunca se acabará porque siempre “será un problema individual” y “no será visto desde lo global: el sistema patriarcal”.

¿Hay un perfil de la persona abusadora?

Según el fiscal Robineau en un porcentaje de los casos, quien abusa ha sido abusado en su infancia.  En el perfil, la “psiquis”, es un factor a tener en cuenta ya que revela a los sujetos autoritarios, sometedores, con personalidades narcisistas o con actitudes que tienen que ver con la “perversión”, donde no hay reconocimiento de la subjetividad del otro, explicó.

Para la trabajadora social se tratan de “conductas aprendidas” que se reproducen en el tiempo y tiene que ver con el sistema y la cultura en la que vivimos.

La drogadicción o  el alcoholismo son factores que potencian la violencia pero no son la causa que lleva a violentar la integridad de una mujer, explicó la profesional y añadió:

“Cada vez que se viola a una mujer hay que verlo como un acto disciplinador: te hago esto porque vos estás infringiendo una ley patriarcal. Es el adueñarse y apropiarse del cuerpo de la mujer como territorio del hombre”.

 

 

Denuncias y penas

Acerca de las denuncias, el miembro del Ministerio Público, manifestó que en los delitos de carácter sexual el número de víctimas duplica la pena ya que son hechos que se da en la estricta intimidad. Los mismos pueden ser en el entorno familiar, las relaciones de pareja o laborales.

El avance de las mismas dependerá de las pruebas y el tipo de delito como también los  agravantes o los resultados de las pericias psicológicas y físicas.

Las sentencias pueden ir de 4 a 15 o 20 años, siempre teniendo en cuenta la gravedad del asunto.

“Quienes denuncian próximos al hecho son los menos y en muchos casos los más graves. Pero también hay otros que se dan mucho tiempo después. La regla en el abuso con acceso carnal es la prisión”, aseguró Robineau.

Para Natalia Rajoy la justicia correntina se rige por leyes que tienen que ver con la violencia doméstica y familiar. “Esta legislación antigua impide que se aplique la ley 26.485. Entonces si no hay violencia hacia un menor no hay justicia”, explicó.

Ambos entrevistados coinciden que la aplicación de la educación sexual en las escuelas es una herramienta clave para prevenir abusos e incentivar a niños y niñas a contar sus experiencias.

“Hay un espacio fuerte para trabajar del Estado y es en las escuelas. Hay que hablar de violencia sexual porque la mayoría de las niñas que son abusadas lo son por un integrante de la familia”, manifestó Rajoy.  En este aspecto aclaró que no se debe creer que las mujeres son violentadas sexualmente por no tener educación. Porque de ser así, se les asigna una doble “culpabilización y castigo”, dijo. Para ella la instrucción dota de herramientas para tener un desarrollo integral de la vida y tomar propias decisiones.

Robineau comentó que a través de la ESI “los niños pueden tomar conciencia del cuidado de su cuerpo para que no naturalicen los abusos”. También aseguró que la perspectiva de género en la justicia ha ayudado a “desentrañar las relaciones que tiene que ver con la vulnerabilidad de la víctima” y a dar otro enfoque a los casos. Este avance también ha ayudado a que se eleven denuncias desde las instituciones por ejemplo los colegios, dijo.

La trabajadora social reconoció que el despertar de las mujeres jóvenes en el feminismo o en la llamada “marea verde”, ha ayudado a la toma de conciencia que otras generaciones no la tenían. A nombrar la violencia sexual y sacarla del tabú.

 

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