Para luchar contra el narcotráfico redactaron un documento para el autocultivo de cannabis

Hace más de un año que fue sancionada la Ley 27.350 que regula la investigación científica del uso medicinal de la planta de cannabis sativa y sus derivados. Pero esto no resolvió uno de los principales reclamos de las madres y organizaciones sociales que luchaban por el acceso en su forma vegetal a través del autocultivo de la planta con múltiples beneficios para el tratamiento de distintas enfermedades.

Ante esta faltante que la Asociación de Pensamiento Penal (APP) considera una demanda insatisfecha del Estado, es que presentó unmodelo de acción de amparopara ser utilizado ante la justicia y requerir el permiso del autocultivo del cannabis medicinal. 

“Pensamos que el amparo aparecía como el medio más idóneo para subsanar esta ridiculez estatal que no permite a los ciudadanos cultivar la planta que tiene sobre ellos efectos medicinales benéficos y que fueron no sólo comprobados por la ciencia, sino por la experiencia empírica de cada uno”, explicó Tomás Camarasa, abogado e integrante del capítulo Corrientes de la APP en diálogo con ellitoral.com.ar. 

La herramienta presentada por la Asociación es útil para ciudadanos de cualquier punto del país como también de forma internacional, siempre y cuando se adecúe a cada jurisdicción- “No hay que olvidar que el punto central de la cuestión es que para la ley actual, una madre que cultiva cannabis para su hijo enfermo que lo necesita es en término legales una narcotraficante  y le caen penas de hasta 15 años de prisión, que es casi igual que una violación o un homicidio doloso”, afirmó Camarasa. 

Para el abogado, en la reglamentación se “acotó inexplicablemente  el espectro de enfermedades de las cuales se habilita el acceso a la medicina que se obtiene de la planta”,  por lo que fuera de ellas las personas que lo necesitan existen incontables trabas burocráticas y administrativas para la importación del aceite. Así también no todas las obras sociales ofrecen la cobertura y la persona que ya se encuentra en una situación vulnerable por la enfermedad que atraviesa, debe enfrentarse a costos en dólares muy elevados:  “se trata de una operatoria cruel  e inhumana”, definió Camarasa. 

La ley 27.350, habilita a dos instituciones a cultivar el cannabis para su investigación, el Conicet y el INTA, pero según fuentes oficiales, en la zona aún no se han iniciado producciones. 

“La actual legislación planteo cambiar algo, armó un gran revuelo y muchas expectativas de quienes reclamaban este acceso y sólo dejó una gran decepción. Fue un planteo mezquino y que perpetúa el status quo donde se termina promoviendo al mercado negro, la ilegalidad e informalidad”, aseguró el abogado. 

Respecto a los tabúes que aún existen en la sociedad, expresó que se deben a una “consecuencia de la desinformación”, que actúa desde su lado emotivo imposibilitando ciertos debates. “La desinformación es consecuencia de la ilegalidad y la ilegalidad es consecuencia del enfoque erróneo que Argentina tiene sobre la política de droga y cómo enfrentar este problema”, aseguró. 

Para él, el lado positivo de la ley es el reconocimiento que obtuvo el cannabis como una especie vegetal con usos medicinales y que “ya no es el gran cuco” que se fomenta a través de los distintos discursos que argumentan diferentes políticas contra las drogas. 

“Lo que se está pidiendo es que la persona que necesita de los efectos medicinales de una planta, cultive pacíficamente en el patio de su casa sin la imposición de contribuir al mercado negro, la ilegalidad, el narcotráfico o a una sustancia que no se conoce la procedencia o composición. Es algo simple y hasta conveniente”, deslizó Camarasa.