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/Ellitoral.com.ar/ Opinión

La cocaína que mortificó un amor y un campo

Por Juan Manuel Laprovitta

@juanmalapro

De la Redacción

En la historia que cruzó a María Hilda Calabrese con Dante Florentino Niemiz no hubo siquiera un atisbo que indique que un día se iban a ver sentados ante un tribunal que tenía la principal prueba de lo fallido que resultaría su amor: más de 329 kilos de cocaína.

Ese montón de droga, valuado en casi 36 millones de pesos, fue el que en noviembre de 2013 encontró un grupo de gendarmes que bajó de un helicóptero en el campo que el inmigrante italiano Leonardo Calabrese heredó a su hija María Hilda en el departamento correntino de Santo Tomé.

Lo tenía listo para cargar a una avioneta un grupo trasnacional de contrabandistas que era seguido desde unos meses antes. Sin darse cuenta, los narcotraficantes eran observados por gendarmes disfrazados de cazadores, que simulaban ir en busca de ciervos a los montes de la gigantesca extensión que heredó la mujer.

La punta del ovillo para esa investigación había sido un narco que cayó en mayo de 2013 arriba de un colectivo con un paquete de cocaína, Diego Berentz, que se arrepintió y delató las maniobras en los tribunales.

Fue el comienzo de una larga pesadilla para la estanciera y comisionista, que así vieron frustrarse un negocio y la pareja.

Calabrese termina implicada en el caso hasta ser condenada en abril de 2017 a 20 años de prisión, por haberle concedido la facultad de arrendar una parte de su territorio a Niemiz, un entrerriano de 48 años de edad, al que le dicen “Fiorito” y que se presenta como administrador de campos. O al menos eso decía antes de entrar a un pabellón para pasar dos décadas a la sombra.

La señora, que hace unos meses abandonó el Instituto Pelletier y purga la condena en su casa debido a un cáncer de mama, era la propietaria de dos estancias que suman más de 7.800 hectáreas. Arrendó un sector del campo al grupo que hizo figurar en los papeles del trato que dedicaría el terreno a pastaje de ganado, aunque finalmente se dedicó al tráfico de cocaína en avionetas, mediante la instalación de una pista clandestina.

El tribunal correntino que la juzgó junto a otras 9 personas, conformado por los jueces Víctor Alonso, Lucrecia Rojas de Badaró y Fermín Ceroleni, dispuso como accesoria a la condena a prisión, el decomiso total de los inmuebles, conformados por las 5 adremas de las estancias “Santa María del Aguapey” y “Santa Ursula”. Y se los entregó al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta).

Desde que fue decomisado, el campo, con ganado vacuno y una forestación de pinos implantados a fines de los ´90, permanece bajo administración del Inta y custodia de Gendarmería. Y la familia de Calabrese empezó a sentir el rigor económico de no contar con su principal medio de vida.

“Ni el campo, ni las vacas ni los pinos son productos del narcotráfico”, dijo a El Litoral el abogado de Calabrese, Juan Nicolás Varela, que llevó el reclamo a Comodoro Py.

En el recurso de casación para revertir la condena a prisión y su accesoria, el letrado propuso a la Sala 3 de la Cámara Federal de Casación Penal -que entiende en el caso- que sean decomisadas las 240 hectáreas que fueron arrendadas y según dijo, “y utilizadas para cometer los actos investigados como narcotráfico”.

Aunque el profesional y los hijos de la empresaria sostienen la cifra de 240, según el tribunal hay pruebas que indican que Niemiz le cedió 2.640 hectáreas al grupo trasnacional.

No obstante, “la magnitud del decomiso es desproporcional en relación al grado de uso del campo para la comisión del delito”, insistió Varela, quien corroboró que antes de la feria judicial de este año el recurso presentado para recuperar parte de la estancia se encuentra en condiciones de ser resuelto.

“Tenemos expectativas de que esto sea revisado y aunque no hay plazos marcados, entendemos que podría tener una respuesta este año”, respondió el abogado sobre el devenir de los pedidos formulados por Calabrese y sus hijos a los jueces.

“Ruego, tengan a bien considerar nos otorguen la capacidad de disponer dicho recurso económico para subsistir”, dijo Calabrese en una carta dirigida a los jueces que intervienen en la casación, un recurso más personal que jurídico, en el que relata los padecimientos que atraviesa por los costos de un tratamiento oncológico que conlleva el diagnóstico de cáncer de mama que recibió en 2017.

Y asimismo, sus hijos continuaron la corriente epistolar con un pronóstico desalentador: “Esta explotación ganadera es el sostén de la familia, de toda una vida de trabajo, y nosotros, siendo ajenos a este grave ilícito, sufriríamos las graves consecuencias, viendo afectado nuestro futuro y condenándonos a vivir en la pobreza”.

Los cuatro nietos de Leonardo Calabrese se plantean ahora dónde depositarán las 600 cabezas de ganado y la madera si terminan por perder el caso en los tribunales.

Cuando la historia de los campos comenzó a escribirse en un expediente de la justicia federal los hijos de Calabrese pasaron a ser administradores de las estancias. Lograron mantener la explotación de la ganadería en los corrales, pero no pudieron intervenir en el casco de los establecimientos.

En la actualidad están más cerca de parecer una tapera que una vieja gloria rural de Santo Tomé.

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