Ahora, ajustar a jubilados es solidaridad

Por Jorge Eduardo Simonetti

Jorgesimonetti.com

Especial para El Litoral

“La Argentina, ese país ampuloso que se jacta de poder alimentar a 400 millones de personas”

Presidente 

Alberto Fernández

Si hay una medida gubernamental que pueda catalogarse de cobarde, esa es el ajuste a los jubilados. No pueden defenderse, hacer paros, cortar calles ni tirar piedras, no tienen a un Papa que les mande un rosario, ni gobernadores que alcen la voz en su defensa.

Quién se iba a imaginar que Fernández sería el frío ajustador del gasto público, y que como reconvertido kirchnerista utilizaría el engañoso paraguas de la solidaridad para darle un golpe de nocaut a los jubilados. Un premeditado regalito de fin de año.

Lo que sucede en nuestro país parecería ser de diván. Resulta que una de las principales causas de las violentas protestas sociales en Chile y en Francia, por dar dos ejemplos, fueron las injusticias de su sistema previsional, las mismas que en Argentina se las denomina “solidaridad social”.

Pero a no engañarse, no es de psicólogos, sino de fríos e insensibles calculadores, que saben que es un sector con el que se puede ahorrar mucho dinero, pero que por sí mismo no tiene capacidad de protesta. Esto sólo lo puede lograr un peronismo que tiene cooptados a sindicalistas, piqueteros y dueños de la protesta social, y cuenta con la adhesión interesada de gobernadores de todos los palos políticos (incluyendo radicales) y legisladores mayoritarios.

Utilizar a los jubilados como variable de ajuste de los problemas económicos, como ahora, refleja un modo “psicopático” de ejercer el poder, esa perversa característica de los psicópatas de desentenderse de las consecuencias dañosas de los propios actos. Alberto Fernández hizo, sin anestesia, lo que Macri no quiso o no pudo.

El nuevo gobierno no anunció un plan económico de reactivación, no lo tiene aparentemente, sino un simple y durísimo ajuste de las cuentas públicas, para satisfacción de acreedores externos que no dudaron en apoyar la “ley solidaria” (para con ellos).

Y lo hizo con la lógica perversa de aplicarlo a los sectores con menor capacidad de oposición, eliminando prematuramente los anticuerpos de la resistencia y consiguiendo un ajuste que rápidamente se reflejaría en las cuentas públicas.

No se necesita gran trabajo para instrumentarlo: derogación de la movilidad jubilatoria, retención por ventanilla de los impuestos a las exportaciones agrícolas y percepción bancaria del recargo del 30% de gastos en dólares y del atesoramiento en la misma moneda de pequeños ahorristas. Listo.

En rigor, los jubilados y el campo son dos sectores acostumbrados a ser los chivos expiatorios de la justicia distributiva kirchnerista.

Poco le importó a Alberto Fernández caer en el engaño más flagrante, en rigor es lo que siempre hizo. Meses antes, en entrevista con el periodista oficialista Navarro, dijo que el 10 de diciembre decretaría un incremento jubilatorio del 20%. Ya en la presidencia, hizo lo opuesto: cambió incremento por suspensión de la movilidad jubilatoria.  

Cumplió con el decálogo del buen kirchnerista, apuntar a la línea de flotación del sistema previsional, como antes, cuando quebraron el sistema previsional regalando a troche y moche demagógicamente jubilaciones sin aportes y utilizando el Anses como caja política, sacándole sus fondos y reemplazándolos por letras del tesoro -papeles- con bajísima tasa.

Sin dinero para pagar los juicios (que luego sí hizo Macri) y con una singular pauperización en las jubilaciones de los que aportaron toda su vida activa, la clase pasiva se transformó en una masa anónima e informe que no diferencia entre aportantes y subsidiados.

Ahora, con las sumas fijas extraordinarias a la mínima, y el congelamiento de la movilidad, deja suspendidos en el aire a millones de jubilados que desconocen que les deparará el destino. Macri recibió una tonelada de piedras por cambiar la fórmula de movilidad jubilatoria, Fernández recibe “solidaridad” por suspenderla.

Y el campo, con el vetusto cuento de la “oligarquía vacuna”, fue siempre la caja que permitió a los gobiernos populistas meterles la mano en sus alforjas y obtener rápidos y frescos fondos para la política clientelista.

Con ello, sin justicia en el reparto de las cargas y para satisfacción de los acreedores externos que ya están relamiéndose, de un solo golpe el ahorro fiscal llegaría a los 8.800 millones de dólares, un equivalente a 2,5 puntos porcentuales del PIB, del que los jubilados “aportarán” 0,7 puntos, el campo 0,5 y los pequeños ahorristas el 0,6.

Y, como si ello no fuera suficiente, Alberto se hizo otorgar facultades extraordinarias, cedidas por el Congreso, demostrando que para el kirchnerismo las crisis en la democracia se solucionan con menos democracia, no con más.

Esa pinturita “solidaria” se completó excluyendo del congelamiento a los funcionarios de mayores ingresos, como el presidente y su vice, los legisladores, jueces y diplomáticos, y los jubilados en esos altos cargos. Es que, obviamente, la solidaridad comienza por casa.

Lo más grave de todo es que, sabiendo que inoculaba en las venas sociales el grave virus de la injusticia, con antelación se compró todos los antibióticos para generar anticipadamente los anticuerpos necesarios que eliminen todo intento de resistencia.

Por un lado, la complicidad de los sectores que en la Argentina manejan la protesta social, como los sindicatos y piqueteros, y también de los principales resortes políticos como gobernadores y legisladores. Todos callados, sin protestas sociales ni rebeldías políticas.

Por el otro, tuvo la eficaz colaboración del juez federal de San Nicolás, que procesó a los líderes de las protestas del campo de 2007, como para ir mostrando la “guacha” a quienes pretendieran reeditarla.

Este es el peronismo puro y duro en función de gobierno. Sólo ellos tienen las espaldas políticas suficientes para tomar medidas antipopulares e injustas sin que les tiemble la mano, y encima salir aplaudidos.

Dijo Fernández días pasados que Argentina es “un país ampuloso”, que se jacta de dar de comer a 400 millones de personas en el mundo.

A él no le fue mal con la ampulosidad. Al ajuste puro y duro que dispuso lo denominó con el ampuloso nombre de “Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva”. Con el no menos ampuloso título de “Consejo contra el Hambre”, reunió a personajes de lo más variados de la fauna política y artística, para hacer más de lo mismo: más subsidios, esta vez con la ampulosa forma de tarjeta alimentaria.

Estos no amagan, como Macri, ajustan derecho viejo, aunque coloquen el cartel bondadoso de la “solidaridad” a lo que es la expoliación vergonzosa al sector más indefenso de la sociedad.

Con este modo de gestionar, continuará aplicándose el paradigma vigente desde los tiempos de Menem, que en la Argentina no se sale de la pobreza con un trabajo digno, sino con un subsidio del Estado, hasta que la caja aguante.

Lo que sí se cambiará es el axioma: ahora los problemas de la República se solucionan con menos república, disolviendo las facultades legislativas y entregándoselas al presidente.