La reciente negativa del Frente de Todos a tratar la largamente demorada ley de “ficha limpia” en la Cámara de Diputados se inscribe como otro lamentable capítulo en la saga parlamentaria del oficialismo.
El kirchnerismo pretende elegir a nuevos candidatos que no son dignos del Congreso, como sostuvo con acierto la oposición durante el frustrado pedido de sesión especial en la Cámara baja impulsado por el interbloque de Juntos por el Cambio para tratar la referida ley.
La maniobra, que incluyó que el kirchnerismo tampoco accediera a tratar temas claves como el conflicto mapuche y un pedido de juicio político al ministro Aníbal Fernández, consistió en no facilitar el apartamiento del reglamento de la Cámara baja para que se tratara sobre tabla, sin dictamen de comisión, un proyecto de Pro, modificatorio de la ley orgánica de los partidos políticos para prohibir ser candidatas a las personas condenadas por delitos dolosos contra el Estado.
En 2017, durante la gestión macrista, la iniciativa había obtenido dictamen en la Cámara baja, pero no prosperó por las mismas razones por las que hoy no avanza: demasiados intereses creados, entre ellos, los fueros mal entendidos y mal aplicados bajo los que se cobijan quienes mantienen cuentas pendientes con la Justicia.
Hacia fines del 2019, el kirchnerismo parlamentario y sus socios no dieron quorum para que se aprobara en Diputados y se girara al Senado la prohibición de postularse a condenados por delitos de corrupción, un reclamo ciudadano que continúa sumando firmas en la plataforma Change.org.
Deberían el Congreso Nacional y las Legislaturas provinciales seguir el ejemplo de Mendoza, el primer distrito en sancionar y reglamentar una ley en la materia a fines del año último, lo que implicó un enorme avance institucional, pues abarca a todos los poderes del Estado provincial. Ya no pueden ser candidatos ni acceder a un cargo público aquellas personas que hayan sido condenadas en primera instancia, en juicio oral y público, a pena privativa de la libertad, aunque la sentencia no se encontrase firme y la pena fuera de cumplimiento en suspenso por delitos contra la libertad y la integridad sexual, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito, encubrimiento y fraude en perjuicio de la administración estatal. También contempla delitos contra el orden económico y financiero, contra el estado civil de las personas y contra la libertad.
Como se sabe, varios de los funcionarios que hoy nos gobiernan, comenzando por la vicepresidenta de la Nación, han accedido a cargos electivos a pesar de sus numerosos procesamientos judiciales. El oficialismo ha reclamado astutamente que el impedimento para presentarse a competir por una candidatura rija a partir de que haya sentencia firme, una instancia que en nuestro país puede llegar a tardar décadas mientras los imputados siguen ejerciendo cargos y conduciendo los destinos de millones de ciudadanos. Mientras tanto, sobran los ejemplos de que la corrupción mata.
A la falta de ley se suma la más absoluta carencia de ética por parte de quienes buscan blindar su futuro judicial, incluso proponiendo reformas en la Justicia con los mismos viles fines, y seguir gozando, ellos y su descendencia, del producto de lo obtenido de manera ilegal: de las exacciones al Estado, es decir, del robo al bolsillo de todos los argentinos.
La dirigencia política debe dar este debate para arribar a un consenso sin más demoras, pues la falta de transparencia en los procesos electorales es una lacra que socava las instituciones, pervirtiendo el imperio de la ley y creando atolladeros burocráticos cuya única razón es pedir sobornos y atrofiar los cimientos del desarrollo económico.
Debemos salir sin demoras del barranco institucional que sistemáticamente registra nuestro país en los principales rankings de transparencia del mundo.
Concientizarnos sobre la importancia de exigir mayor transparencia y honorabilidad a los candidatos que disputan democráticamente los votos resulta imprescindible e imperioso para empezar a terminar con nuestra larga historia de decadencia institucional y comenzar a transitar un futuro signado por la ética, la honradez y los buenos ejemplos.
