La Agencia de Acceso a la Información Pública dio a conocer ayer una serie de criterios sobre cómo deben tratarse los datos de aquellos individuos que hayan sido vacunados contra el coronavirus y consideró que en el caso de los empleados del Estado “la información debe ser considerada pública”.
"En un contexto de crisis sanitaria, tanto en el país como a nivel mundial, y la escasez general de vacunas, existe un gran interés público de conocer cómo se distribuyen, así como si la distribución está siendo realizada conforme al "Plan Estratégico para la Vacunación contra la covid-19 en la República Argentina", dijo la agencia a modo de contextualización del tema.
Señaló que "cuando un sujeto (obligado ante la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública) entrega o publica cualquier información que contenga datos personales o ante un pedido de acceso a la información pública, ello constituye una cesión de datos personales efectuada en virtud de una obligación legal".
"La información relativa a si un funcionario o empleado público ha recibido una vacuna contra el covid-19 debe ser, entonces, considerada pública", agregó en un comunicado.
Al citar al Decreto 206/2017, la Resolución 48/2018 y la jurisprudencia internacional, explicó que "cuentan con una menor expectativa de privacidad que el resto de las personas ya que la compra de las vacunas fue realizada con fondos públicos y la ciudadanía debe poder controlar a quién el Estado argentino considera personal estratégico".
(JML)
