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/Ellitoral.com.ar/ Opinión

Sin tiempo para perder

Un viejo reclamo ciudadano largamente desatendido por nuestros legisladores se reactiva hoy, cuando faltan más de dos años para los comicios en los que deberemos elegir, entre otros cargos, el de presidente de la Nación.

La boleta única de papel que propone reemplazar las cuestionadas boletas partidarias, ejemplo de millonario dispendio a lo largo de nuestra historia comicial, aguarda la sanción del Congreso. Nadie discute ya cuánto el viejo sistema ha limitado nuestro derecho a elegir, planteando inequidades en la competencia a la hora de definir nuestros representantes y gobernantes, y, más grave aún, volviéndose instrumento al servicio de la corrupción y el fraude.

Es sabido que duermen en el Parlamento numerosos proyectos de ley presentados por legisladores, tanto del oficialismo como de la oposición. El último a fines de 2020, por lo que podría haberse incorporado la boleta única para este año electoral. Una vez más faltó voluntad política para terminar con la corrupción; se impuso la necesidad de muchos dirigentes de seguir contando con un instrumento que les facilite el engaño y el acceso a puestos electivos a los que de otro modo no podrían llegar. 

De existir un mecanismo transparente como la boleta única, muy probablemente tambalearían las carreras políticas de quienes apuestan a la ilegalidad para hacerse de una banca o sentarse en el principal sillón de la Casa Rosada. Los feudalismos provinciales, con listas colectoras o ley de lemas que multiplican boletas partidarias, también se verían afectados.

Con el título “Celebremos la democracia. Celebremos la posibilidad de elegir y poder votar: en 2023 votemos con boleta única de papel”, un grupo amplio y diverso de las principales organizaciones de la sociedad civil relanzará mañana una iniciativa para pedir al Congreso que apruebe la boleta única, e invita a sumarse a las más de 100.000 personas que ya adhieren a la petición canalizada a través de Change.org, que será presentada a los legisladores respaldando el pedido.

¿Por qué urge cambiar el sistema electoral? Entre otras cosas, porque la boleta única de papel, que ya se usa con éxito en Santa Fe, Córdoba y San Luis, en las votaciones de argentinos que residen en el exterior y para sufragar dentro de las cárceles, reúne numerosas ventajas al garantizar:

•El derecho ciudadano a elegir de forma sencilla y segura, con la nómina de todos los candidatos y listas sin adulteraciones, pues el Estado será el único responsable de su impresión.

•La equidad, ya que partidos de todos los tamaños compiten en las mismas condiciones de visibilidad y presencia, con los lugares distribuidos por sorteo por el Estado.

•El ahorro de más de $3.000 millones tan solo en imprimir boletas.

•El cuidado del ambiente con reducción de papel, tinta y transporte.

•Menor demanda de recursos humanos y mejor fiscalización.

•Erradicación de nefastas prácticas como el llamado “voto cadena”.

Así lo entienden especialistas de todo el mundo que fomentan este tipo de mecanismo electoral y así lo suscriben prestigiosas entidades. Entre ellas, la RAP, Red Ser Fiscal, Poder Ciudadano, Cippec, Asociación Conciencia, Foro de Convergencia Empresarial, Asociación Civil por el Acceso a la Justicia, Será Justicia, Club Político Argentino, Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y Directorio Legislativo, muchas de las cuales también abogan por la ley de ficha limpia, que prohíbe la presentación de precandidaturas y la ocupación de cargos públicos a quienes cuenten con una condena penal por delitos dolosos graves.

Lamentablemente, no se ha podido avanzar en este año para transparentar los procesos de elección de quienes tienen la responsabilidad de gobernarnos y de dictar las leyes. Es hora de alcanzar un consenso definitivo y sancionar tanto la ley de boleta única de papel como la de ficha limpia, y terminar así con los privilegios de quienes siguen amparándose en el viejo sistema para sus turbios manejos.

El desarrollo se basa en que la sociedad esté organizada y cohesionada en torno a una visión democrática, que respete el Estado de Derecho, la libertad y los valores de la sustentabilidad. Como se ve en el Congreso, faltan pasos para dar.

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