No sorprendió que la inflación de enero fuese del 3,9%. La economía está atravesando un período de alta inercia inflacionaria y por eso cuando el propio gobierno apunta a que las paritarias tengan un objetivo de aumento de 40% anual, lo que asume en paralelo es que será difícil bajar de un piso de 3% mensual. Quedará para otro momento evaluar por qué el equipo económico no proyecta un descenso más visible, si es que se trata de uno de los objetivos que procura resolver el acuerdo con el FMI.
Lo que preocupó es que en los días posteriores a que el Indec revelara la cifra, desde algunos sectores del gobierno (no pertenecían al gabinete económico, vale aclarar) asumieron que la posibilidad de crear una empresa nacional de alimentos pueda convertirse en un remedio efectivo para paliar la inflación. La razón de esta movida tiene que ver con el hecho de que los principales aumentos del mes pasado estuvieron originados en subas coyunturales de varios productos frescos. Y a partir de esa situación, algunos miembros del Gobierno consideran que el Estado puede cumplir un rol más activo en ese frente, que no se limite a la mera fiscalización.
Algunos hablan de producir, comercializar y vender. Otros apuntan a crear un stock de intervención para ofrecer cuando suben los precios. Cuestionan, como suele suceder, la existencia de márgenes altos y a la vocación rentista de los inescrupulosos de siempre.
Por empezar, el Estado no tiene tierras para producir. Debería comprar, porque tener un terreno fiscal ocioso y creer que se pueden plantar frutas o verduras en cualquier lugar es una fantasía. Hay que contratar a quien se ocupe de una tarea así, y de ejecutar toda su logística. Y lo que es más básico, si para que bajen los precios absorbe costos que los privados no pueden eludir (el alquiler de la tierra, por ejemplo, en los casos en los que fuera así) o incluso opera sin ganancia o a pérdida, lo que estaría haciendo es crear una competencia desleal sobre el resto de los productores, algo así como un dumping interno.
Ante estos intentos, muchos memoriosos se acordaron de Ricardo Mazzorín, el secretario de Comercio de Raúl Alfonsín que fue crucificado por importar pollos para abastecer ante un faltante de oferta.
Poner orden en una economía que tiene desalineadas todas sus expectativas demanda un enorme esfuerzo de gestión. Pero seguramente será más productivo que andar buscando a los especuladores de la lechuga o el tomate, que enfrentaron pérdida de cultivos por la ola de calor y la sequía. Hay que retener este dato para cuando aumenten la yerba, el té o la carne que no podrán enviar al mercado los productores de Corrientes. El Gobierno debería actuar más decisivamente ante esta tragedia ambiental, si no quiere lamentarse por lo mismo cuando salga la inflación de febrero.
