La idoneidad debería ser el criterio que sirva de parámetro para ocupar un cargo público; sostenida en una tríada de moral, eficiencia y eficacia. Además, claro está, de la formación académica especial, según el cargo del que se trate.
La moral no refiere solo a la ausencia de antecedentes penales, lo cual podría ser una arbitrariedad en un país con una justicia penal cuestionada, cargada de operaciones políticas y de revanchas. Hace, más bien, a la trayectoria pública y privada de una persona. Y tiene que ver esencialmente con un estatus para acceder a un cargo público, que debe mantenerse incólume a lo largo de su ejercicio.
La eficiencia y la eficacia se vinculan especialmente con el desempeño más que con la referencia previa. La eficiencia es la capacidad para llevar adelante el cometido del puesto. La eficacia mide el éxito o no del resultado. Ambas están unidas por un nexo de tal intensidad que una es causa de la otra.
Durante el gobierno anterior, uno de los caballos de batalla a la hora de cuestionar la valía de los que ocuparon cargos públicos fue el eventual conflicto de intereses. Era comprensible porque la mayoría de los funcionarios provenía del sector privado y carecía de antecedentes en la política. El razonamiento era que los vínculos construidos en el paso por la actividad privada limitaban o condicionaban sus habilidades para desplegar una tarea de servicio público, una presunción algo exagerada que terminó con decretos puntuales para las máximas autoridades y normas y acciones de la Oficina Anticorrupción.
También en este plano la fisonomía del actual gobierno difiere profundamente de la del anterior. En su mayoría, se trata de funcionarios sin antecedentes en la actividad privada, cuya dedicación primordial ha sido la política, con un pasado más ligado al ejercicio de cargos públicos, ya sea en el sector nacional, provincial o municipal. El conflicto de intereses como se concibió en la gestión anterior no aplica entonces, porque las amistades políticas —muchas de carácter público, con aportes de campaña incluidos— no permiten vincularlos con el sector privado.
La idoneidad, como cualidad indispensable, refiere pues a qué se hace con el cargo, es decir, la eficiencia y la eficacia alcanzadas, iluminadas por la moral. Haber trabajado exclusivamente en el sector público no deja de ser un pobre aval cuando se trata de hacer, y hacer bien.
Sirve para ejemplificar la cuestión uno de los cargos icónicos ocupado por el arquitecto legal de los principales proyectos de la vicepresidenta de la Nación, a quien lo une una larga historia de lealtades públicas: el procurador del Tesoro. Se trata de un puesto neurálgico en la administración pública nacional, asimilable a la jerarquía de un ministro. La Procuración representa o patrocina al Estado nacional en juicios de relevancia. Se trata del jefe del Cuerpo de Abogados del Estado, Carlos Zannini, quien tiene a su cargo, directa o indirectamente, los servicios jurídicos de cada ministerio: más de 6.000 abogados, el único grupo conformado exclusivamente por profesionales de toda la burocracia estatal. Son ellos los que deciden qué se puede hacer y cómo en cada repartición pública, son también los que dirigen literalmente la defensa en millones de juicios contra el Estado nacional, desde reclamos previsionales —jubilaciones postergadas o impagas— hasta juicios por coparticipación federal iniciados por provincias.
Nada sorprende ya, pero no se puede dejar de mencionar que Zannini fue designado jefe de los abogados del Estado tras ser acusado de encubrimiento en un fallo que está siendo revisado por la Cámara Federal de Casación Penal.
En el ámbito internacional, en tanto, el perfil de actuación no mejora. En el fuero arbitral del Banco Mundial quedan pocos casos que involucren a nuestro país. En los dos más activos, la única novedad es que, contrariando una larga tradición, se contrataron costosos estudios internacionales para defender a la Argentina. Desde los tiempos del respetado Werner Goldschmidt se supone que la Dirección de Asuntos y Controversias Internacionales de la Procuración del Tesoro defiende directamente los casos. Sin embargo, hoy todo se terceriza, pagando partidas millonarias a distintos estudios. Así, se torna más que claro que el puesto debe ser delimitado por los recursos con que cuenta en la faz técnica quien seré el jefe de los abogados del Estado, su idoneidad y, como siempre en todo, su honestidad.
