Presentaron ayer una acción de amparo para proteger la reserva ambiental Santa Catalina ante la posibilidad de la ocupación de un particular. En la zona existe una gran biodiversidad con especies autóctonas de árboles y animales.
La reserva municipal cuenta con 275 hectáreas y son 35 las que podrían quedar en manos de una sola persona, a quien, a través de una medida cautelar, se le otorgó la posesión del predio al que puede ingresar y dar permiso a terceros. Ante la posible edificación en la zona, la organización ambiental Rojaiju Corrientes junto con los concejales Fabián Nieves y Gabriela Gauna, que ofician como abogados patrocinadores, realizaron un acción de amparo para evitar la apropiación.
Tras la presentación, Nieves señaló que “la pretendida ocupación de 35 hectáreas de la reserva por parte de un particular lesiona, restringe y altera de manera arbitraria e ilegal el patrimonio ambiental municipal que pertenece a todos los correntinos generando un daño ambiental sin retroceso”.
“Nosotros planteamos que si a esta persona se le otorga ese espacio, puede llegar a alterar el ecosistema. Además, está prohibida la construcción que puede afectar a toda la biodiversidad. Hay más de 90 especies de árboles, 170 especies de aves, monos aulladores y zorros grises. Es un lugar apto para otros mamíferos -como el aguará guazú y el oso melero- de acuerdo con una investigación del Conicet que aportamos como documentación”, afirmó Nieves a El Litoral.
También indicó que la Municipalidad junto con la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) y el Gobierno provincial están llevando a cabo una tarea de compensación ambiental sin precedentes para la ciudad en esa zona. “Entendemos que es urgente que se proteja de cualquier medida que vaya en contra de la biodiversidad de la reserva, como es el caso de está persona que pretende adquirir un lugar que pueda alterar gravemente el ecosistema”, dijo.
En ese sentido, la medida cautelar que se dictó en contra del Municipio fue apelada y todavía no está resuelta. Nieves aseguró que es probable que termine en el Superior Tribunal de Justicia si no se llega a una resolución.
“Estamos accionando a través de esta ONG ambiental, que forma parte de nuestra red de voluntarios de la corriente verde, y que viene llevando adelante distintas acciones ambientales en la ciudad. La verdad es que buscaban que los patrocinen y nosotros con la concejala Gauna estamos actuando para reclamar que esta reserva no sea usurpada”, advirtió el concejal de la Coalición Cívica-ARI.
El año pasado se estableció la ordenanza 7.148, que incorporó a las 275 hectáreas como reserva y área natural protegida. La normativa otorga una serie de restricciones en la zona, como por ejemplo actividades relacionadas a la agricultura. Se ordena también la protección de descubrimientos científicos, turismo de naturaleza, espacios educativos para alumnos de las escuelas correntinas para que conozcan la riqueza ambiental de la ciudad.
“Nosotros solicitamos un amparo que proteja a la reserva de cualquier tipo de ingreso, no solo de esta persona sino también de otro tercero ajeno que quiera involucrarse; y por otro lado aplicar una medida cautelar de no innovar para que no se lleve a cabo ningún tipo de construcción ni intervención que no tenga que ver con los fines de la reserva”, concluyó Nieves.
(GGC)
