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/Ellitoral.com.ar/ Opinión

Que no sea tan solo una pelea

El tenso proceso iniciado con la renuncia del ministro de Economía, Martín Guzmán, y concluido con su reemplazo por Silvina Batakis, durante el fin de semana pasado, conlleva un penoso saldo para el Gobierno y para el país. Termina reforzando la imagen de un presidente cada vez más debilitado con una administración sin rumbo. Esta profunda crisis amenaza con continuar haciendo estragos si no se comprende que la raíz del problema es netamente política y, solo por extensión, económica.

La irresponsabilidad estuvo a la orden del día. Tanto en el ministro saliente, que presentó su dimisión de un día para otro, con una carta pública en la que desconoció su desastrosa gestión, como en quienes supuestamente conducen la coalición gobernante. Los prolongados conciliábulos entre Alberto Fernández y Sergio Massa, por un lado, y la conversación telefónica entre el primer mandatario y la vicepresidenta Cristina Kirchner, por otro, confirman que a los máximos dirigentes del Frente de Todos les preocupa más la distribución de los espacios de poder que la búsqueda de soluciones a los acuciantes problemas de la Argentina.

Es evidente que ningún técnico con prestigio y peso propio para hacerse cargo del Ministerio de Economía está dispuesto a asumir esa responsabilidad cuando la coalición oficialista se desintegra por luchas internas en las que el futuro judicial de Cristina Kirchner juega un papel relevante, cuando la autoridad presidencial está en permanente discusión y cuando no existe voluntad en la fuerza gobernante por acercarse a la oposición para acordar mínimas pautas que garanticen la gobernabilidad.

La situación del país es crítica. La inflación anual se aproxima a los tres dígitos, con más graves consecuencias para los sectores más vulnerables de la sociedad. El riesgo país sigue disparado. Las reservas líquidas del Banco Central no dejan de caer pese a que nuestras exportaciones alcanzan precios récord y las dificultades para obtener financiamiento no se limitan a la deuda expresada en moneda extranjera, sino también a la emitida en pesos. Para el segundo semestre de este año, se estima que solo los vencimientos de deuda en moneda local equivalen a unos 20.000 millones de dólares. Una cifra impresionante que requerirá de señales muy claras y fuertes en materia política, además de fiscal y monetaria, para poder pensar en una refinanciación.

El nombramiento de Silvina Batakis al frente del Palacio de Hacienda, como era esperable, no pasó favorablemente la primera prueba de fuego en los mercados. Si la flamante ministra, que llega con el aval de Cristina Kirchner, coincide con la vicepresidenta en que la desmedida emisión monetaria es solo un factor neutro en términos de inflación, cabe esperar una espiral inflacionaria aún mayor.

No hay dudas de que, por los cuatro años en que fue ministra de Economía bonaerense durante la gobernación de Daniel Scioli y por su reciente experiencia en la Secretaría de Provincias del Ministerio del Interior de la Nación, podría exhibirse como una conocedora de la administración de fondos públicos y de la relación entre los Estados nacional y provinciales.

Pero no es un dato menor que, desde la secretaría de Estado que maneja las transferencias discrecionales de la Nación a las provincias —hasta ayer a su cargo—, entre el primer cuatrimestre de 2021 y el mismo período de 2022, las distribución de esos recursos hacia la provincia de Buenos Aires pasó de 26.333 millones de pesos a 78.626 millones, una cifra que se ubicó muy por encima de la inflación. Se trata de un dato tan llamativo como preocupante que no permite presagiar las necesarias acciones de austeridad y contracción monetaria.

La magnitud de los problemas no se resolverá con el cambio de un ministro. El deterioro alcanzado exigía una cirugía mayor que la fragmentación del espacio oficialista continúa obstaculizando. El desmadre de una situación largamente anunciada se agrava a medida que las decisiones judiciales complican el panorama de quien, lejos de pensar en el país, solo busca su impunidad. La gravedad de la crisis no permite pensar en las urgentes reformas dirigidas a reducir el gasto público si primero no se consigue un nivel de cohesión gubernamental hoy claramente ausente. Demasiado pedir, sin dudas, para quienes solo dirimen espacios de poder e impunidad.

Pero será vital no abandonar el apego a las instituciones aunque hayamos perdido una nueva oportunidad.

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