El arraigo del reclamo presupuestario permite que el enfoque de fondo deba contemplar la posibilidad de llegar a soluciones estables a la forma de manejar sus partidas de acuerdo a sus necesidades, hecho que tiene fundamentos constitucionales y en la ley de autarquía. El sistema enfrenta por lo tanto un asunto que trasciende a las personas que eventualmente ejercen el poder hoy. En otros términos podemos leer en esta reiteración de reclamos, dificultades de larga data que genera cierta fatiga en las relaciones entre poderes, por lo tanto, no se trata de ver el tema solo en su dimensión coyuntural sino en su permanencia manifestada en las prácticas reiteradas.
El doctor Eduardo Rey Vásquez analiza en esta entrevista, realizada en el programa Hoja de Ruta de El Litoral Radio, el tema en su contexto actual de recambio de Presidente de la Nación que presenta ajustes económicos que abarca todos los sectores incluido el Poder Judicial de Corrientes.
¿Cómo ve el Poder Judicial de Corrientes en el contexto de los cambios económicos que plantea el nuevo gobierno nacional?
Como todo recambio. Sabíamos que las medidas iban a ser fuertes en términos de ajuste y reacomodamiento, por eso estamos expectantes a ver cómo se reacomodan ciertas variables. Pero no podemos, a dos o tres días de haber asumido la nueva gestión, vaticinar lo que puede llegar a suceder. Somos muy cautos, sabemos que va a ser un año difícil el 2024 y por eso trataremos de optimizar los pocos recursos para priorizar en aquellas cuestiones esenciales.
Seguramente puede haber algunas cuestiones que serán diferidas, sobre todo en lo que tiene que ver con obras nuevas, es algo que ya lo habíamos conversado con mis pares. Vamos a generar un plan de austeridad muy fuerte y tratar de reducir al máximo todo gasto superfluo. En Corrientes para el año que viene no está previsto ningún evento, y vamos a reducir al máximo viáticos y movilidad. Trataremos de hacer reuniones de manera virtual por ejemplo.
Ustedes brindan un servicio esencial y cuando se toman medidas como las actuales suele aumentar la conflictividad, la litigiosidad. ¿Cómo van a hacer entonces?
Tenemos garantizado el funcionamiento del servicio de justicia, de la misma manera que lo hicimos en el peor momento de la pandemia. El Poder Judicial y las distintas dependencias que lo componen van a trabajar y funcionar normalmente brindando las respuestas a los diferentes conflictos que se susciten, no habría que preocuparse. Estamos también en un proceso de cambio y vamos a volcar recursos a la inversión en tecnología que será una prioridad.
Tenemos en marcha algunas obras y otras planificadas, vamos a dar prioridad a las que están en ejecución fundamentalmente y veremos en la medida de las posibilidades si se puede avanzar con obras nuevas, pero en ningún caso va a redundar en una merma en la calidad del servicio de justicia.
El Poder Judicial hizo reclamos presupuestarios. El gobierno decía una cosa, ustedes decían otra, finalmente se aprobó un presupuesto pero hoy quedó desequilibrado por la devaluación.
Exacto. Esta es una situación que pasa todos los años. Lo importante es que a la hora de tener que requerir los recursos contemos con el respaldo de los otros poderes, porque el presupuesto si bien se aprueba, siempre es un monto menor al que proyectamos, y a fin de año terminamos ejecutando refuerzos. Pero acá entran a jugar otras variables y sería prematuro poder hacer un diagnóstico de lo que puede llegar a suceder.
¿Cree que las medidas que toma el gobierno van en ese sentido? ¿Tiene expectativa de que vaya a resultar este plan?
Soy partidario de darle crédito, por lo menos en esta primera etapa, porque entiendo también que se llegó a una situación muy difícil y la salida de esas situaciones críticas muchas veces requiere la toma de un tipo de decisiones como las que estamos viendo.
Ustedes atienden en general casos de conflictividad entre municipios y Estado provincial. ¿Hay alguno pendiente?
No. Afortunadamente ha disminuido ese tipo de problemas que en otros tiempos eran muy comunes. Prácticamente no hay ninguno vigente, es decir, los que hubo fueron resolviéndose pero bueno, no los invitemos tampoco.
¿Los reclamos que llegan al Superior Tribunal relacionados con temas previsionales son muchos?
Sí. Generalmente son acciones de amparo, pero sí. Son bastantes, no tantos como en otros momentos, pero sí.
¿Laborales?
Lo laboral es otro tema, porque laboral sería el sector privado. Es decir, eso habrá que ver qué sucede hoy. Es decir, la situación crítica lleva a que aumenten determinados conflictos. Por ahí el corte de la cadena de pagos genera que haya muchos reclamos de tipo económico, ejecutivos y demandas de cobro de pesos. Eventualmente el cierre de algún comercio hace que el personal que queda sin el trabajo pueda provocar algún tipo de reclamo en ese sentido. Pero en ese tipo de causas, la verdad es que las cuestiones se mantienen medianamente constantes. El Superior Tribunal impulsó fuertemente el tema del cambio en los procedimientos.
El Superior Tribunal desde el primer momento tuvo una participación activa en las reformas de los códigos. ¿Hay algún caso similar en curso o pendiente de resolución?
Los códigos procesales originalmente nacieron de una idea del Superior Tribunal que conformó comisiones de trabajo para elaborar anteproyectos. Hasta ahora se sancionaron cuatro códigos procesales nuevos. Está pendiente todavía el Código Procesal Penal Juvenil, que era el que estaba tratándose, y hay un Código Procesal Laboral que también está en trámite en la Legislatura.
Los cambios grandes ya se produjeron con la sanción de estos códigos y estamos en etapa de implementación. El Código Procesal Penal ya está implementado desde el punto de vista territorial, está muy avanzado desde el punto de vista del desarrollo del software, y estamos trabajando muy fuerte en la despapelización total.
¿El Poder Judicial tiene necesidad de jueces? ¿Hace falta cubrir cargos?
En este momento, se están llevando adelante en el Consejo de la Magistratura cuatro o cinco concursos, no sólo jueces sino también fiscales, asesores, defensores. En estos tiempos se sancionó una norma de creación de varias dependencias del Ministerio Público de acuerdo al nuevo Código Procesal, pero con el presupuesto reducido va a ser muy difícil poder cubrir cargos en este escenario, por las disponibilidades reales y del contexto macroeconómico.
¿Cómo está la relación institucional entre los otros poderes del Estado?
Desde el punto de vista institucional tenemos una relación correcta, es decir tenemos conversaciones sobre cuestiones institucionales, todo lo que tiene que ver con la sanción de leyes que están vinculadas para ser aplicadas a la órbita judicial han surgido desde un diálogo permanente, hemos trabajado en conjunto, integrado comisiones de trabajo. Obviamente mucho tiene que ver también con la impronta de cómo son cada uno de los referentes de cada uno de los poderes.
¿Se habla menos de lo que esperan o no hay diálogo?
Por ahí en algunas cuestiones hubiera sido bueno más diálogo, y esto se planteó en el cuerpo: hubiera sido bueno haber tenido mayor incidencia, por ejemplo a la hora de elaborar el anteproyecto de presupuesto.
¿Y en qué aspectos ustedes podrían colaborar ahí?
Tratar de que de alguna manera el reparto global se mantenga dentro de los términos de la ley de autarquía. Es decir, que se garantice el acceso a ese piso que fija la ley de autarquía, que es un porcentaje ínfimo en relación a lo que es todo el presupuesto de la provincia, pero que a nosotros nos daría una cierta tranquilidad, entre comillas, de poder funcionar sin tener que estar permanentemente demandando refuerzos, sobre todo hacia el último tramo del año. Pero en la medida en que tengamos respuestas y tengamos recepción de las inquietudes que tenemos... Creo que esto es importante, sobre todo en este escenario, para disipar las preocupaciones y los fantasmas que algunos ven, porque, ante un escenario crítico es muy fácil tirar mala onda, y al contrario, creo que en esto veo muchas cosas positivas de cara al futuro y espero que realmente estas medidas sirvan para acomodar en el mediano plazo la situación.
¿No hay chance de que en algún momento el presupuesto del Poder Judicial sea como la coparticipación, un goteo automático y deje de estar en manos de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo?
Eso sería interesante plantearlo, la verdad que sería una posibilidad.
¿Tienen previsto una reunión con todos los presidentes de los superiores tribunales y el nuevo ministro de Justicia Cuneo Libarona?
Seguramente a nivel Junta Federal de Cortes se va a organizar una reunión, tal vez a principios del año que viene. Sería muy interesante tenerla para ver también cuál es la visión. Hubo otra cuestión que a mí me impactó, que presté atención y que me anima a pensar en positivo, que es la actitud del presidente cuando se dirige en su primer discurso a los ministros de la Corte Suprema. Esto también es una señal porque él ha manifestado que va a respetar la división de poderes, la independencia judicial y otra serie de cuestiones que, entiendo, autorizan a pensar en positivo.
¿Qué es la justicia?
El difícil arte de dar a cada persona lo que le corresponde, de encontrar la solución a los conflictos en aras a lograr la pacificación de la sociedad. Fundamentalmente, en la primera parte le tomé prestada la definición a Ulpiano.
