n El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) fue creado en 1995 mediante la ley 24.515. El organismo es el encargado de, entre otras cosas y como su nombre lo indica, recibir denuncias de discriminación, actos xenofóbicos y/o racistas. Funciona desde 2005 bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
La confidencialidad es un elemento clave para la protección de los datos de las víctimas denunciantes. Sin embargo, una investigación de la Auditoría General de la Nación (AGN) determinó que la protección de la información dentro del sistema informático del Inadi muestra un abanico de vulnerabilidades con riesgos potenciales.
La cantidad de denunciantes cuyos datos debería resguardar el instituto está vinculado al número de denuncias que recibe el Inadi. Según datos oficiales, en 2022 hubo 2542 denuncias y en 2021 una cifra similar. La mitad fue realizada por mujeres y la mayoría por episodios en el ámbito laboral, según surge del informe de gestión que elabora el organismo.
Otros ámbitos de discriminación suelen ser la escuela, la vía pública, el barrio, los boliches, la familia y los locales de ropa, entre una larga lista de escenarios. En su último informe anual, el Inadi detalló que el 50 por ciento de las denuncias de 2022 habían sido hechas por mujeres; el 42 por ciento por varones; y el resto por otros géneros.
El informe de la AGN
La inquietud que surge a partir del informe de la AGN es si los datos de esas personas, víctimas de actos de discriminación cuyas denuncias apuntan contra supuestos victimarios, están correctamente protegidos. La respuesta de la auditoría, concluida la investigación, es que esa aspiración circula por un carril lejano y paralelo al ideal.
