Con la economía cerrada, asfixiada con cepos y prohibiciones, el país pierde su soberanía y multiplica la pobreza, aunque el populismo persista en afirmar lo contrario.
El exceso de gasto público para hacer populismo lleva a emitir sin respaldo. Ante la pérdida de valor de la moneda, los argentinos buscan refugio en el dólar. Para que no se dispare, el Gobierno lo controla creando incentivos perversos que lo hace más escaso aún. El famoso cepo, que paraliza las industrias, desalienta las exportaciones e incentiva la especulación.
Ese modelo está perimido. Un círculo vicioso por el cual la soja –y otros commodities– provee dólares a una industria que, salvo excepciones, es incapaz de generarlos y que fabrica bienes caros para el mercado interno. Funcionó en la posguerra, pero ya caducó. El poder adquisitivo del salario nunca crecerá si no aumenta la productividad del trabajo por mayores inversiones empresarias y si los autos y electrodomésticos no tienen precios internacionales. Ni qué hablar del crédito para la vivienda propia.
Ese mecanismo irracional falla cuando hay sequías o caída de precios internacionales. Entonces, la “restricción externa” obliga a pedir ayuda al FMI para no paralizar la economía. En esas crisis, el capital se fuga, el trabajo se “africaniza” y los salarios se degradan. Con la economía cerrada, el país pierde su soberanía y multiplica la pobreza, aunque el populismo diga lo contrario. Además de recuperar su moneda, la Argentina debe lograr que más exportaciones generen dólares y se acabe la restricción externa. Agregar más valor al esfuerzo laboral con tecnología e inversión: esa es la verdadera “liberación” y no mendigar por las calles pidiendo subsidios para paliar la inflación de “vivir con lo nuestro”. Mayor valor agregado no es sumar costos para mayor protección, sino innovación, diseño y calidad para obtener mayores precios en los mercados externos. Lo otro es “costo agregado”.
Eso ocurre en los países que progresan con sentido común y monedas sanas, desde Estonia hasta Vietnam, de Polonia a Portugal. La Argentina vivió ensayos fracasados de apertura económica sin las reformas necesarias para hacerlos exitosos.
Se han visto parches, como reducción de cargas sociales, devolución de impuestos, más reembolsos u otros incentivos para evitar esa batalla, siempre postergada. La apertura debe integrarse en un plan amplio, creíble y sostenido en el tiempo. Ningún empresario se embarcará en cambios estructurales si duda sobre el mantenimiento de las reglas de juego por parte de los sucesivos gobiernos.
Es indispensable una reforma fiscal para achicar gastos y dar racionalidad a los impuestos. Se necesita un mercado de capitales accesible para realizar las inversiones que cualquier transformación productiva exige. Y crédito para financiar el capital de trabajo sin fundirse. Se requiere una reforma laboral que elimine la industria del juicio y la personería gremial única; que se revean convenios colectivos con cláusulas abusivas y se reduzcan los impuestos al trabajo. La voracidad de provincias y municipios es otro obstáculo para remover, pero el pacto fiscal anterior fue abandonado, dándose rienda suelta a más impuestos distorsivos, como Ingresos Brutos o a los sellos.
En un país tan poco serio como el nuestro se requiere un amplio consenso político, pues, de lo contrario, la falta de credibilidad hará que se acumulen presiones sectoriales para abandonarlo y regresar al statu quo anterior. Debe ser sostenible y sustentable, pero los dirigentes prenden una vela para que Vaca Muerta o el litio sean la solución indolora que evite esas reformas, en lugar de ser la herramienta que provea capital para realizarlas.
Se necesita una coalición modernizadora, formada por políticos que piensen en el largo plazo y por líderes cuyos intereses estén alineados con la inserción del país en el mundo. La apertura es la manera de forzar reformas que perduren en el tiempo. Un paso inicial sería transformar el Mercosur en zona de libre comercio y celebrar tratados de integración con otras regiones que crecen con intercambios. Sin un aumento sistemático de la productividad, impulsado por la apertura, no habrá recursos para educación, salud, vivienda y seguridad indispensables para la inclusión, la distribución del ingreso y la justicia social que todos predican pero que nadie concreta.
