Si se hiciera un guarismo de las razones por las que alcanzaron estado judicial las maniobras de corrupción en el país durante los últimos años, la lista sería tan larga que cabría preguntarse si en realidad ya forman parte de la vida cotidiana y esos acontecimientos, bochornosos a los ojos de la moral, no alteran el curso de la normalidad.
El uso ilegal de los fondos públicos no es nuevo. No hace falta remontarse muchas décadas atrás para hallar resonantes casos de enriquecimiento ilícito de funcionarios. Por ejemplo, durante el menemismo en el poder. Pero, como sucede con todo mal que no se frena a tiempo, el inicial robo para ostentación personal fue in crescendo hasta degenerar en el saqueo deliberado y mayormente impune de las arcas estatales, destinado al financiamiento de la política.
Se le atribuye a Néstor Kirchner haber dicho que para hacer política se necesita plata. El dinero como factor de poder, como instrumento de dominación. Sin plata no se pueden financiar prebendas, y sin prebendas no hay lealtades ni recursos materiales para procurarse impunidad. La corrupción tiene tentáculos que abrazan múltiples objetivos.
El pasado 25 de mayo, el kirchnerismo trocó la fiesta patria para autoconmemorarse.
Ese día se cumplieron 20 años de su llegada al poder y, claramente, aunque no iba a darle entidad de festejo al latrocinio, pudieron haber celebrado también otro hito de las gestiones presidenciales del matrimonio Kirchner. Sus gobiernos ostentan el triste récord de la mayor cantidad de funcionarios y exfuncionarios procesados y encarcelados por corrupción.
La propia vicepresidenta de la Nación fue condenada a seis años de cárcel e inhabilitada para ejercer cargos públicos por malversación de fondos estatales en la causa conocida como “Vialidad”, fallo que no se encuentra firme, pero que, de ningún modo, le impide ser candidata en esta instancia, tal como quiere imponer falazmente en la consideración ciudadana.
Su enriquecimiento ha sido notorio habiendo trabajado prácticamente casi toda su vida en el Estado. Lo de “abogada exitosa” no solo no aplica en su caso como excusa de semejante fortuna, sino que, hasta ahora, ha sido indemostrable.
Sobreseída recientemente en la denominada ruta del dinero K a pedido del mismo fiscal que la había acusado, su viejo amigo –o examigo– Lázaro Báez fue condenado por lavado de dinero en esa misma causa.
Se trata de un oscuro extesorero de un banco patagónico que pasó a ser un pseudoempresario multimillonario beneficiado con la obra pública, precisamente durante los gobiernos de la pareja “exitosa”.
Un conspicuo ladero de Néstor Kirchner, el secretario privado Daniel Muñoz, ya fallecido, pasó de ser un correveidile del poder a un megainversor en propiedades costosísimas en los Estados Unidos, en mansiones cuya adquisición resulta, claro está, más que sospechosa.
Fabián Gutiérrez, otro de los hombres de confianza del kirchnerismo, que decidió convertirse en “arrepentido”, también tuvo la mala suerte de Muñoz: murió, pero, en su caso, no fue producto de un cáncer, sino de un asesinato. Lo mató en El Calafate un grupo de jóvenes que esperaban encontrar el botín que suponían que el hombre preservaba en algún lugar de la Patagonia.
De la era kirchnerista es también producto el primer exvicepresidente condenado en la historia del país: Amado Boudou. La pena a 5 años y 10 meses de cárcel –aunque ya no está entre rejas– fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia. Eso no le ha impedido a Boudou, hoy en libertad condicional, ventilarse en actos públicos denunciando un inexistente lawfare y pretendiendo desconocer que la Justicia lo halló –probada y sobradamente– culpable de haber intentado quedarse con la fábrica de hacer dinero, la ex Ciccone.
Hotesur, Los Sauces, los cuadernos de las coimas son términos ya conocidos por una gran mayoría de ciudadanos.
Ver que nada ocurre con los corruptos en el poder explica de algún modo, aunque no justifica ni legitima, que muchos ciudadanos terminen tolerando el hecho delictivo y que cometan ellos mismos pequeñas corrupciones cotidianas: el comerciante que ofrece un precio menor si no se le exige factura; el usuario que paga siempre en efectivo porque bancarizarse lo compromete impositivamente; el que no entrega el ticket y el que no lo reclama.
Sin dudas, es la dirigencia la que debe dar el ejemplo.
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