Por Eduardo Ledesma
Versión gráfica: Belén Da Costa
En el episodio 33 de Eduardo Ledesma Pregunta, hablé con Miguel Goldfarb. Abogado, doctor en Derecho Público y especialista en Derecho Administrativo por la UNNE. Máster en Derecho Tributario por la Universidad de Barcelona, es además investigador, autor y evaluador académico, con publicaciones sobre derecho público, gestión estatal y políticas urbanas.
En este episodio, hablamos sobre el libro “Derecho a la ciudad”, una obra colectiva que coordina junto a un equipo de investigadores del Nordeste, donde se aborda el vínculo entre ley, desarrollo urbano y justicia ambiental. Goldfarb reflexiona sobre la necesidad de construir ciudades más equitativas, sostenibles e inclusivas, la tensión entre lo público y lo privado en la planificación urbana, y el rol del derecho en imaginar —y garantizar— la ciudad del futuro. Una conversación sobre el derecho, el territorio y la vida urbana: quiénes habitan realmente nuestras ciudades y quiénes todavía buscan su lugar en ellas.
Vamos a hablar de un trabajo que coordinaste: el libro “Derecho a la ciudad”. ¿Cómo surge y de qué trata esta publicación?
El libro es fruto de un trabajo de investigación que llevamos adelante con un equipo de docentes e investigadores de la Facultad de Derecho de la UNNE, junto con el doctor Gappel. El proyecto tiene tres años y surgió la posibilidad de volcarlo en un libro electrónico a través de una convocatoria de Eudene, la editorial de la universidad. Va a ser presentado formalmente en noviembre, con invitados de otras instituciones.
Si bien el doctor Gappel y yo coordinamos la obra, escriben distintos investigadores y profesores sobre diversos aspectos del derecho a la ciudad. No son discusiones teóricas: son temas que atraviesan nuestra vida cotidiana. Es un concepto nuevo que va a expandirse cada vez más.
En ciudades como Corrientes o Resistencia, pareciera que el crecimiento urbano es desordenado. ¿Cómo se aborda este tema desde el derecho?
El libro parte de cuatro ejes temáticos: la participación ciudadana en la gestión de la ciudad; los instrumentos de planificación urbana; la problemática ambiental; y los sujetos vulnerables. El derecho a la ciudad es mucho más que un derecho tradicional: es un concepto transdisciplinar, que nació en Francia en los años sesenta, ligado a la sociología y al pensamiento socialista. Hoy, por supuesto, ese concepto evolucionó, pero mantiene la idea de una ciudad inclusiva, sustentable y amigable.
¿Cuáles son las inequidades que se evidencian en nuestras ciudades y cómo se pueden resolver?
El concepto rector es el usufructo equitativo de la ciudad: que la ciudad nos invite a vivirla y no sea un obstáculo. Corrientes, con todas sus deficiencias históricas, ha tenido logros y está avanzando, aunque aún falten ajustes.
Los grandes temas son el ambiente y el transporte. Tenemos una ciudad “cerrada” por el río y por la avenida Tres de Abril, que actúa como una barrera psicosocial. Las gestiones hacen lo que pueden, pero hay planes estratégicos y voluntad de avanzar.
Hay un privilegio del desarrollo privado frente a la planificación pública. ¿Cómo se equilibra esa relación?
Hay un poder de policía urbanístico indelegable del Estado, sobre todo municipal. Pero también estamos yendo hacia una idea de participación público–privada. El Estado tiene un rol indelegable en fomentar políticas públicas e inversión inicial que convoque al sector privado.
No puede desligarse ni dejar que el privado trace libremente el tejido urbano, porque después es más caro corregir los errores. Lo hemos visto con inundaciones, fallas de drenaje o problemas eléctricos.
En su capítulo aborda la eficiencia energética. ¿Cómo pueden ser nuestras ciudades más eficientes en ese sentido?
El desafío energético es global. Sabemos que el mundo discute entre energías fósiles y renovables, y el camino son las ciudades sostenibles. Para eso se necesita inversión pública: alumbrado solar, autogeneración, generación distribuida.
Hoy, la normativa permite que cada ciudadano sea prosumidor: generar energía con paneles solares, consumirla e inyectar el excedente a la red. Hay una empresa estatal, Encor S.A, que asesora en estos temas. Hay pocos casos aún, pero el marco legal existe.
¿Y por qué cuesta avanzar, si es un problema tan evidente?
Porque la coyuntura nos gana. Hay leyes desde 2006 y 2015, pero en la historia de la energía es muy poco tiempo. Europa lleva 30 años con renovables; nosotros, 15. Son procesos.
El objetivo era llegar al 20% de energías limpias en 2025, y estamos cerca. Pero faltan políticas de Estado: cada cambio de gobierno corta lo que estaba bien. Esa discontinuidad nos frena.
Decís que la normativa está. ¿Qué falta entonces?
Falta difusión y creación de espacios de interacción. La UNNE tiene fuertes políticas de vinculación con el sector público, y habría que profundizar eso, con la Municipalidad o la Provincia.
Este libro es una forma de transferencia: trabajamos dos años, se publicó, y hoy estamos hablando de él. Ese es el camino: universidad, medios, Estado y ciudadanía pensando juntos, más allá del color político.
¿Hay gente en Corrientes pensando la ciudad del futuro?
Sí, totalmente. Tenemos profesionales muy capacitados en arquitectura, ingeniería, derecho y ciencias políticas. Lo que faltan son vasos comunicantes y decisión política.
Europa lo entendió hace 50 años. En la UNNE dictamos una diplomatura en Derecho Inmobiliario y Urbanístico, con profesores españoles y participación de funcionarios locales. Hay material y conocimiento, falta acompañamiento.
¿Incluso para pensar una ciudad equitativa, ambientalmente sostenible y moderna?
Sí. Los holandeses ya tienen su programa “Ámsterdam 2050”. Nosotros no tenemos un “Corrientes 2050”, pero podríamos.
Hoy vivimos en la Corrientes que pensaron los correntinos de los años sesenta. La costanera fue pensada hace casi un siglo: quienes la diseñaron imaginaban la ciudad del 2000. Deberíamos replicar ese modelo de planificación a largo plazo.
Uno de los capítulos del libro analiza a los productores migrantes en zonas periurbanas. ¿Qué encontraron?
Ese capítulo lo escribió el doctor Quiñones. Analiza la situación de inmigrantes, sobre todo de Bolivia, que trabajan en la producción agrícola alrededor de Corrientes. Son economías de subsistencia, pero con enorme valor económico y social.
Es un fenómeno poco estudiado, que muestra otra cara de la ciudad: la de quienes habitan y producen en los márgenes, pero son parte fundamental de la economía local.
El derecho a la ciudad plantea justamente eso: el derecho de todos los que vivimos en ella a apropiarnos del espacio urbano, en el buen sentido. A disfrutarlo, habitarlo y transformarlo colectivamente. Esa es la esencia del concepto.
Cuando hablamos de “derecho a la ciudad”, no hablamos solo de leyes ni de normas escritas: hablamos del acceso real al espacio público, a los servicios, a la infraestructura, a la posibilidad de participar en las decisiones que definen cómo y para quién se planifica.
Muchas veces, quienes más sufren la falta de planificación —los que viven lejos, los que dependen del transporte público, los que trabajan en la informalidad o en la periferia— son justamente quienes menos voz tienen en el diseño urbano.
Por eso, pensar la ciudad desde el derecho es una forma de equilibrar esas desigualdades: garantizar que el crecimiento no expulse, que la modernización no excluya y que el espacio público siga siendo un lugar de encuentro.
Las ciudades como Corrientes, que tienen un balcón al río y una identidad muy vinculada con la naturaleza, tienen un enorme potencial si logramos cuidar ese vínculo. Esa relación entre el río, el verde y la vida urbana es un patrimonio que hay que proteger, y también una oportunidad para construir una ciudad más justa, inclusiva y sustentable.
