La Justicia ordenó el decomiso de bienes por más de $684 mil millones de pesos pertenecientes a Cristina Kirchner y Lázaro Báez, en el marco de la Causa Vialidad. La medida fue dispuesta este martes por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2).
El fallo, firmado por Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, alcanza a 122 bienes inmuebles identificados como instrumentos o productos del delito. Los activos corresponden al período comprendido entre mayo de 2003 y diciembre de 2015.
Entre los bienes decomisados figuran Austral Construcciones, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto, además de hoteles, terrenos y departamentos en Buenos Aires, Caba y Santa Cruz. También se incluyó un inmueble a nombre de Cristina Fernández de Kirchner y bienes cedidos a Máximo y Florencia Kirchner.
El monto original del decomiso, fijado en $84.835 millones, fue actualizado a $684.990 millones por peritos contadores. Según el tribunal, la actualización se realizó con criterios técnicos ratificados por la Corte Suprema de Justicia.
Fundamentos del fallo
La sentencia señaló que quedó probado un circuito de beneficios indebidos mediante la adjudicación irregular de obra pública en Santa Cruz. Ese mecanismo habría generado cartelización, sobreprecios y falta de controles, favoreciendo el crecimiento patrimonial ilícito de Báez.
El tribunal rechazó planteos de las defensas respecto de la supuesta afectación de derechos de terceros. Indicó que el decomiso no exige trazabilidad contable exacta, sino una vinculación razonable con los beneficios de la maniobra.
Además, el TOF 2 fundamentó su decisión en tratados internacionales como la Convención de la ONU contra la Corrupción. Sostuvo que una interpretación restrictiva del decomiso puede potenciar la impunidad económica en casos de corrupción estructural.
Destino de los bienes
El tribunal ordenó inscribir los activos en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados. También anticipó que se notificará a la Corte Suprema para su eventual afectación al servicio de justicia.
Según la resolución, los fondos recuperados deberán contribuir a reparar el daño social, especialmente en Santa Cruz, donde se registró una fuerte afectación de la infraestructura vial por obras no concluidas.
